Este asentamiento del cerro San Cristóbal está saturado de propaganda política desde hace varios meses. La mayoría de los avisos son de Ytala Tipula, quien postula al municipio del Rímac, del que es funcionaria.  (Foto: Jessica Vicente / El Comercio)
Este asentamiento del cerro San Cristóbal está saturado de propaganda política desde hace varios meses. La mayoría de los avisos son de Ytala Tipula, quien postula al municipio del Rímac, del que es funcionaria. (Foto: Jessica Vicente / El Comercio)
Oscar Paz Campuzano

Un alcalde debe encargarse de conservar el ornato de la ciudad. Por eso resulta paradójico que para ser elegido invada la ciudad con su propaganda, lo que en casos concretos y extremos puede atentar contra la armonía del espacio que promete gobernar.

El se ha convertido prácticamente en un espacio propagandístico. Los avisos se han colocado en fachadas, paredes y hasta en los techos de las casas. La mayoría de vallas son de Ytala Tipula, candidata por Restauración Nacional al Rímac, quien –además– es gerenta de Desarrollo Económico Local y Desarrollo Humano de la comuna rimense, según figura en el portal del municipio.

Surco es otro distrito afectado por la proliferación de avisos. En el óvalo Higuereta hay 13 gigantografías con el rostro de los aspirantes a la alcaldía. Una de estas se encontraba en el suelo. También se ha alterado el ornato del óvalo Monitor y de Benavides, Paseo La Castellana, Próceres y Ayacucho, por citar algunas vías.

Otras avenidas como Brasil, Salaverry, Javier Prado, Arequipa, Guardia Civil, Defensores del Morro y Túpac Amaru también están llenas de carteles.

—Regulación y casos —
La propaganda política en época electoral se regula con la Ley Orgánica de Elecciones (26859), el reglamento sobre propaganda electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y las ordenanzas municipales.

Para usar predios privados, las agrupaciones políticas deben tener por escrito el permiso del dueño. Está prohibida la propaganda en predios declarados patrimonio cultural (salvo que el Ministerio de Cultura lo autorice), colegios, iglesias, oficinas públicas y postes eléctricos. Pese a que existe esta regulación, no se la respeta.

En su último reporte, el JNE registró 449 casos en los 10 distritos del país con más incidentes por propaganda electoral. La lista la encabeza San Juan de Lurigancho con 35 incidencias. Otros 5 distritos capitalinos aparecen en el ránking: Comas (15), Lince (12), Ate (11), Carabayllo (10) y San Juan de Miraflores (10).

Los principales incidentes son la instalación de propaganda en predios públicos sin contar con autorización (35%), en postes de alumbrado (29%), en lugares prohibidos por ordenanza municipal (13%), en predios privados sin contar con permiso del propietario (7%) y otros.

Si bien no requieren permiso de la autoridad municipal para instalar los avisos, las agrupaciones políticas solo pueden usar los espacios públicos que las comunas asignan para estos fines.

La Av. Benavides, en Surco, también está repleta de carteles. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / El Comercio)
La Av. Benavides, en Surco, también está repleta de carteles. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / El Comercio)

San Isidro, Surco y Miraflores son algunos de los municipios que cuentan con ordenanzas que detallan las vías permitidas y las prohibiciones. En el caso de Miraflores, se prohíben los avisos en óvalos y en la concurrida avenida Larco.

Waldo Olivos, gerente municipal del distrito de Surco, explicó que verifican que los avisos no representen un riesgo y se instalen en vías autorizadas, según la ordenanza local.

Respecto al caso del cerro San Cristóbal, El Comercio solicitó información a la comuna del Rímac sobre la regulación y fiscalización de propaganda política en el distrito, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

— Sin plazos iniciales —
José Manuel Villalobos, del Instituto Peruano de Derecho Electoral, comentó que las agrupaciones políticas pueden comenzar a contratar propaganda en medios de comunicación recién 60 días antes de la elección, pero no existe un plazo de inicio para el caso de las vallas.

“Por eso tenemos aspirantes que tienen carteles desde hace un año, lo que podría traer problemas al momento de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fiscalice los gastos de campaña, ya que son candidatos formales recién desde el pasado 19 de junio. Es un vacío que tiene la ley de elecciones”, señaló Villalobos.

Sobre los efectos en el ornato, Augusto Mendoza, de la Sociedad de Urbanistas del Perú, opinó que las normas facilitan la colocación de propaganda cuando deberían priorizar la preservación del espacio público y el bienestar de los habitantes.

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