Muñoz sobre renegociación de contratos de peajes: “La historia será distinta”

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, explicó que con el proceso de evaluación conjunta que se iniciará con las empresas Rutas de Lima y Línea Amarilla, que tienen 18 peajes en la capital, se podrá renegociar los contratos en favor de la comuna.

Esta mañana, el Concejo Metropolitano exhortó que la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GPIP) active el Proceso de Evaluación Conjunta respecto de los contratos de concesión de ambos proyectos, firmados en las anteriores gestiones de Luis Castañeda Lossio y Susana Villarán.

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En conferencia de prensa, el alcalde Jorge Muñoz aseguró que el mecanismo avalado por el Concejo se realizará a través de un comité en el que participarán la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Municipalidad de Lima y los concesionarios Rutas de Lima y Línea Amarilla. 

"Les puedo asegurar que, después de esta amarga experiencia, la historia será distinta en la Municipalidad de Lima. La corrección de los actos de este municipio y la inversión privada será la normal. El interés del ciudadano será la prioridad y no será negociable", declaró. 

El burgomaestre enfatizó en que la estrategia de la Municipalidad de Lima será sustentada técnicamente para evitar que la comuna se vea afectada ante un posible arbitraje. "No se trata de patear el tablero para la foto de hoy y que se generen irresponsablemente obligaciones impagables para la ciudad de Lima", señaló.

Durante la sesión del Concejo, se acordó que el proceso de evaluación conjunta se realice "sin perjuicio de las investigaciones fiscales y las posibles consecuencias que de ello se deriven".

La polémica por los peajes se debe a que las empresas con las que se firmaron, OAS y Odebrecht, están vinculadas al caso Lava Jato.

En el año 2009, durante la gestión de Luis Castañeda, la Municipalidad de Lima firmó el contrato con OAS para la concesión de la Línea Amarilla por 30 años. Sin embargo, durante la gestión de Susana Villarán se suscribió una adenda y se amplió el periodo a 40 años.

En el 2013, con Villarán como alcaldesa, la Municipalidad de Lima firmó un contrato con el consorcio Rutas de Lima, integrado por Odebrecht, para el proyecto Vías Nuevas de Lima, el cual incluía un segundo peaje en Chillón, el mismo que posteriormente fue anulado debido a las protestas de la población en el 2017. La ex alcaldesa cuenta con prisión preventiva debido a los aportes ilegales que recibió de las mencionadas constructoras brasileñas.

Sobre estos temas, Castañeda también es investigado por el Ministerio Público, pero su caso se encuentra en etapa de diligencias preliminares a cargo de los fiscales Carlos Puma (por firma de contrato con Lamsac) y Germán Juárez Atoche (por la adenda que eliminaba Río Verde).

Durante el desarrollo de la sesión, transportistas de servicio público, vecinos de Lurín y otros colectivos marcharon por las principales avenidas del distrito en rechazo a los peajes de Rutas de Lima.