En Lima se generan 19 mil toneladas de desmonte al día y el 70% va al mar o ríos

La demolición parece ser un negocio tan rentable como la propia construcción. O por lo menos lo es en Lima, una ciudad donde cada día se producen 30.000 m3 de desmonte, es decir, unas 19.000 toneladas, el peso de cincuenta aviones Boeing 747 cargados de combustible y pasajeros. Estas cifras, de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), hacen que una pregunta caiga por su propio peso: ¿a dónde va tanto desmonte?

En busca de una respuesta, El Comercio buscó las rutas que realizan los cientos de volquetes que recogen grava, ripio, piedra y escombros de las construcciones o demoliciones de la capital. El camino llevó, en la mayoría de casos, a las laderas de los principales ríos de Lima y al mar del Callao.

-Tierras de nadie-
En Lima existen seis lugares autorizados para recibir residuos sólidos –en Lurín, Cañete, Ate y tres en el Callao–, pero ninguno exclusivamente para desmonte de construcciones. En el 2012, el municipio chalaco estableció zonas potenciales para instalar escombreras, pero aún está en etapa de proyecto. Mientras tanto, el 70% de desmonte va al mar y a los ríos y solo el 30% restante va a los puntos autorizados, señala Capeco. Según transportistas consultados, esto se debe a que entregar el material al mercado informal es más barato y no requiere de trámites.

Lo que sucede en el Callao es alarmante. A lo largo de 4 kilómetros de costa, entre la playa Oquendo y la base naval, un grupo de personas administra el arrojo ilegal de material sólido a la playa a cambio de dinero. “Entre 100 y 150 volquetes de hasta 20 toneladas arrojan desmonte al mar desde hace 10 años sin que alguien lo pueda impedir”, dice una fuente de la Capitanía del Puerto del Callao.

Este ilegal negocio le ha ganado varios metros a la línea de alta marea (ver infografía) del primer puerto. Para evitar la fiscalización municipal, alrededor de las playas estos sujetos han instalado muros y colocado portones con vigilantes para que solo ingresen los volquetes.

Cada camionero abona entre 50 y 100 soles por cada camión de material sólido que estos sujetos se encargan de arrojar al agua. Se sabe, por medio de fuentes cercanas a esta mafia, que estos terrenos ganados al mar serán, en un futuro, lotizados como predios que luego multiplicarán su valor para su venta como zona de viviendas. Así, se cierra el círculo del negocio inmobiliario informal con ganancias millonarias para quienes lo administran.

“Esa modalidad también es utilizada en Lomo de Corvina, Villa El Salvador y la ladera del río Rímac, en Ate. Lotizan sobre los vertederos de desmonte y basura. El problema de fondo es que el Ministerio de Vivienda exonera a las inmobiliarias en su obligación por hacerse cargo de sus residuos, y los municipios no fiscalizan”, dice Emilio Santa María, presidente del Comité de Canteras y agregados para la Construcción.

-Problema sin piso-
Descubrir cuál es la responsabilidad de las autoridades es tan complejo como erradicar esta mafia. Una fuente del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) dijo a El Comercio que el responsable sería el Ministerio del Ambiente (Minam). Esta entidad indicó que sancionar la disposición inadecuada de los residuos de la construcción es tarea del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Esta última aduce que son los municipios quienes deben controlar este ilegal negocio. Sin embargo, varios municipios sostienen que carecen de presupuesto suficiente para fiscalizar el arrojo de tanto desmonte y que solo realizan operaciones inopinadas por falta de policías.

Otra dificultad de las comunas es el terreno legal. Una vez que los informales acordonan los vertederos con muros y puertas, convierten los predios en posesiones y quienes administran se encargarían de disipar el proceso de desalojo por medio de abogados.

Según el Minam, un inadecuado manejo de residuos sólidos permite la filtración de sustancias y residuos nocivos para el agua. Según el Código Penal, quienes incumplen las normas de manejo de residuos sólidos solo recibirían penas no mayores a 4 años de prisión.
En la mayoría de municipios, la sanción por arrojo de residuos es de solo 1 UIT (S/4.050), un monto que esta mafia podría recuperar en algunas horas.

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