Iñaki Urdangarin está metido en un problema que, de comprobarse, tendría gravísimas consecuencias. El marido de la infanta Cristina, conocido deportista ilustre, ex medallista olímpico, conocido por su gran carisma y simpatía y siempre en buenas relaciones con la Familia Real es investigado en una trama de corrupción que implica millones de euros, y peor aún, salidos del bolsillo de los contribuyentes españoles.

EL CASO
Los investigadores judiciales tienen previsto finalizar en 45 días el estudio de toda la documentación incautada en los últimos registros y, a partir de ese momento, citar posiblemente como imputado a Urdangarin.

La pieza número 25 del caso Palma Arena (caso mayor de corrupción en aquel país) está relacionada con anomalías detectadas en dos contratos a dedo del Gobierno de la jurisdicción de *Islas Baleares *(2,3 millones de euros) y al menos cuatro contratos por el mismo procedimiento del Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia (3,7 millones de euros) a la fundación sin ánimo de lucro Instituto Nóos, presidido por el duque de Palma.

Diego Torres, socio principal de Urdangarin en la sociedad beneficiada por los contratos públicos entre 2004 y 2006, lleva seis meses imputado por falsedad documental, fraude a la Administración y malversación de fondos públicos, al igual que otros dirigentes de esta asociación.

LO QUE DICE LA FISCALÍA
El pasado 8 de noviembre, un fiscal anticorrupción de Islas Baleares concluyó que tanto Urdangarin, como su antiguo socio, Diego Torres, urdieron “un entramado societario cuando ambos estaban al frente del Instituto Nóos con el fin de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía esta fundación”, y que, para ello, se fijaban precios “totalmente desproporcionados” por los servicios que prestaban a la Administración, y se simulaban asimismo trabajos ficticios.

En estos momentos, Urdangarín lamenta el malestar que este escándalo le ha generado a la Familia Real, mientras que esta ha decidido separarlo de sus actividades oficiales.

Según informa la prensa española, los cuatro delitos que investiga el juzgado de Palma de Mallorca al instituto Nóos (malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental) están penados con 15 años de prisión.