ÓSCAR CASTILLA C.

La jefa de la Sunat, Tania Quispe, habló con El Comercio sobre el papel de su institución en la fiscalización de la minería ilegal en Madre de Dios y Puno en el 2014.

— ¿Cuál será la posición de la Sunat en la lucha contra la minería ilegal el próximo año? Este problema se desencadenó en los últimos años por el elevado precio del oro y la inacción del Estado. La minería ilegal no debe operar en el país porque nunca podrá formalizarse, mientras que la minería informal sí, porque podría resolver sus problemas administrativos. Nuestros cálculos dicen que el 20% de la exportación de oro es ilícita, lo cual representa unos US$2.600 millones.

— ¿Cuándo empezó la intervención de la Sunat en el tema? La Sunat fue convocada en el 2012. Nos pidieron fiscalizar los insumos químicos y la maquinaria pesada que usa la minería ilegal. Trazamos una estrategia para fiscalizar la etapa de producción, venta y exportación del mineral, la misma cadena del oro que El Comercio ha investigado. Primero controlamos el transporte de químicos, combustible y maquinaria. Luego establecimos 15 rutas para el tránsito de los insumos que ingresan al Vraem [en donde opera el narcotráfico] y a la zonas de minería ilegal de Madre de Dios y Puno.

— ¿Solo demarcaron las rutas de tránsito de los químicos? También implementamos nuestro primer puesto de control en Mazuko [Madre de Dios]. Este puesto nos sirve para controlar el 97% del combustible que ingresa a la zona, conocer los procesos de su desvío para actividades ilícitas e implementar normas adicionales para frenar este contrabando. Además, creamos una intendencia de insumos químicos.

— Sin embargo, ese 97% de combustible sigue abasteciendo a la maquinaria pesada. No podemos hacer nada más por ahora. Estamos buscando establecer cuotas a los grifos para poder fiscalizar a los usuarios finales que compran a Petro-Perú. Pediremos que a las provincias de Manu y Tambopata [Madre de Dios] se les aplique un régimen especial para imponer cuotas a los grifos que venden en estas zonas.

— ¿Y el papel de Petro-Perú? Petro-Perú vende a consumidores finales porque Osinergmin lo autoriza. Pero ellos tampoco pueden establecer cuotas [de venta]: para eso necesitamos un régimen especial.

— ¿Dónde hay mayor consumo de combustible para la minería ilegal? Hemos detectado que el consumo directo más fuerte ocurre en Huepetuhe [Madre de Dios]. A partir de ese dato nos hemos instalado en zonas estratégicas de control para fiscalizar junto a la policía y Osinergmin. Ya estamos en Mazuko desde el 2012. Ahora nos instalaremos cerca del acceso a Huepetuhe. Este será un puesto de control móvil.

— ¿Y cómo serán fiscalizados los insumos químicos? Con esta intendencia y la legislación implementada, que permitió la creación del registro de 35 insumos químicos, hemos trazado una estrategia desde que el producto ingresa al país hasta que llega a su usuario final. La primera conclusión sobre los insumos fue que casi todos ingresan por el puerto del Callao a través de empresas formales. Ahora pediremos que este control se implemente para el mercurio y el cianuro [claves para la minería ilegal] y para la maquinaria pesada.

— ¿Eso será suficiente? Entraremos al control de las plantas de acopio y procesamiento de mineral en Nasca [Ica] y en Chala [Arequipa]. Queremos verificar el ingreso de la mercancía para saber si su procedencia es legal y determinar el tamaño de sus plantas de acopio para concluir si estamos frente a una pequeña o mediana minería. Algunas plantas son de mediana minería, pero se declaran como pequeñas.

— ¿Y la comercialización? Hemos empezado a revisar las liquidaciones de compra, usadas por las acopiadoras para comprar oro a personas naturales por un monto menor de S/.700, con lo cual no tienen ningún monto de retención y están libres de impuestos. Hemos encontrado empresas con miles de proveedores, la mayoría de los cuales ni existen. Hay un nivel de evasión muy alto.

— ¿También intervendrán en la fase de exportación? A corto plazo instalaremos un laboratorio para revisar la calidad del metal y exigiremos que las facturas indiquen la concesión minera de donde procede el oro para así determinar si esta es legal o ilegal.

— ¿Qué objetivo tienen al ejecutar estas medidas? Con esta estrategia, el que quiera dedicarse a la minería ilegal va a tener que ser clandestino a todo nivel, desde la compra de químicos, hasta el transporte, comercialización y exportación. Le resultará más costoso operar al margen de la ley y le generará un mayor riesgo. Igual ocurrirá con el combustible y los químicos. Ya hemos incautado mercurio [para la extracción de oro] y acetona [en casos de drogas]. Ahora vamos a encarecer los costos de producción de la minería ilegal.