El "abandono del cargo" no moverá a Maduro de la presidencia

A la oposición venezolana se le complicó aún más la jugada. Según la Constitución de ese país, solo hasta el último lunes se podía convocar a elecciones presidenciales adelantadas, una disposición que dejaría fuera de la partida al referéndum revocatorio como opción para sacar al chavismo del poder en el corto plazo.

Los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), consciente de esto, se apuraron a declarar el "abandono del cargo" del presidente Nicolás Maduro. Un medida que, teóricamente, llevaría a la destitución del jefe de Estado y a la convocatoria de elecciones en menos de 30 días. Pero nada de esto va a pasar. A continuación, las claves del ajedrez político venezolano.

►¿Qué dice la Constitución?

El período presidencial en Venezuela es de seis años. Cualquier convocatoria a elecciones presidenciales adelantadas debía ocurrir dentro de los primeros cuatro años de gestión del mandatario a cargo, un periodo que venció este lunes.

Si el referéndum revocatorio -que las autoridades electorales y judiciales mantienen bloqueado- se llegara a realizar y Maduro pierde, el recién nombrado vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, asumiría el poder y gobernaría hasta el 2019, cuando terminan los seis años del periodo actual. Solo entonces la oposición podría medirse en elecciones con el chavismo.

El "abandono del cargo" de Maduro era una de las opciones que la MUD manejaba en octubre pasado, pero la congeló luego de aceptar sumarse a la mesa de negociación propuesta por el gobierno. El artículo 233 de la Constitución faculta a la Asamblea Nacional (AN) a declarar el "abandono" del primer mandatario, sin especificar los supuestos en los que este pudiera incurrir.

►¿Por qué no habrá elecciones?

Justo antes de que terminaran los primeros cuatro años, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, declaró este lunes el "abandono del cargo". Los parlamentarios argumentaron que Maduro se había "apartado de sus deberes" como presidente y había contrariado los principios democráticos.

El Tribunal Supremo de Justicia -con magistrados fieles al chavismo- ha vetado casi todas las decisiones del parlamento venezolano. Esta no será la excepción. Minutos antes de que comenzara la sesión del Parlamento, el máximo tribunal publicó una nota de prensa en la que aseguraba que "la Asamblea Nacional no tiene facultad para destituir al Presidente de la República". Se espera que dicte pronto alguna sentencia en ese sentido.

La declaratoria del abandono del cargo ha causado rechazo incluso en algunas organizaciones opositoras, como Provea, una reconocida ONG venezolana de derechos humanos. "Se trata de una interpretación forzada de la Constitución que agravará el debilitamiento de la institucionalidad democrática", dijo en un comunicado. También un pequeño grupo de diputados manifestaron sus reservas.

La Justicia ya había bloqueado en octubre pasado la recolección de firmas necesarias para la convocatoria del referéndum revocatorio. El Consejo Nacional Electoral, en consecuencia, paralizó todo el proceso.

►¿Qué opciones quedan?

En la campaña de las elecciones parlamentarias de 2015, que la oposición ganó con una amplia mayoría, la MUD publicó un documento titulado "Cómo ganar la AN, cómo ejercer esa mayoría y cómo conducir a Venezuela".En el texto explicó tres propuestas para sacar al chavismo del poder: el referéndum revocatorio, una enmienda o reforma constitucional y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

La reforma o la enmienda de la Constitución fue propuesta por la oposición a mediados del año pasado, para recortar el periodo presidencial de seis a cuatro años. La intención era que Maduro dejara el poder este mes. El Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional el carácter retroactivo con el que proponían aplicar la modificación.

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente implicaría la redacción de una nueva Carta Magna y, por lo tanto, la convocatoria a elecciones de todos los cargos públicos de elección popular en el país. La iniciativa es defendida por Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, desde 2014.

 El problema para la MUD está en que esta vía, al igual que el revocatorio y la enmienda, necesitan del visto bueno del Consejo Nacional Electoral (CNE), y son susceptibles de ser vetadas por la Justicia.

Fuente: La Nación de Argentina / GDA