A mediados de febrero una noticia conmocion a Argentina: un fiscal pidi que se impute a la presidenta Cristina Fernndez de Kirchner por el posible encubrimiento del peor atentado terrorista en la historia del pas.

La semana ltima un juez desestim ese pedido y ahora el caso ser definido por la Cmara Federal, ante la cual el fiscal apel esa decisin.

[embed:1072759] Boudou es el primer vicepresidente en funciones en la historia argentina en estar procesado por la Justicia.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la jefa de Estado y las mximas figuras del gobierno son investigadas por la Justicia.

Argentina ya cuenta con un precedente nico: el nmero dos de Fernndez, Amado Boudou, es el primer vicepresidente en funciones en la historia argentina en estar procesado.

Boudou fue acusado en julio de 2014 de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la funcin pblica por el llamado caso Ciccone: la compra irregular de una imprenta de papel moneda cuando era ministro de Economa, antes de ser vicepresidente.

A finales de febrero la Cmara Federal de Buenos Aires confirm el procesamiento, por lo que Boudou deber ir a juicio.

Segn la fiscala, ese proceso no ser inminente sino que podra ocurrir a fin de ao o en 2016, es decir, una vez que Boudou termine su mandato (que culmina en diciembre, con el recambio presidencial que seguir a las elecciones generales).

El abogado constitucionalista Gregorio Badeni explic a BBC Mundo que la situacin judicial del vicepresidente es muy distinta a la deFernndez.

A diferencia de un procesamiento, una imputacin como la pedida para la presidenta no significa que se la est acusando de un delito, sino simplemente que existen sospechas que podran ameritar una investigacin (si as lo considera un tribunal).

OTRAS CAUSAS Adems de estar acusado por el caso Ciccone, Boudou tambin fue procesado en 2014 por la presunta falsificacin de documentos para transferir un viejo auto importado que compr hace 20 aos.

Y el vicepresidente est imputado en dos causas judiciales ms: por un plan de viviendas inconcluso que autoriz hace diez aos, cuando era un funcionario municipal, y por presunto enriquecimiento ilcito.

La sospecha de incremento indebido de patrimonio es una de las principales denuncias que han enfrentado varios de los miembros del gobierno desde la llegada al poder del kirchnerismo en 2003.

Uno de los ms denunciados fue la propia pareja presidencial de Nstor Kirchner (2003-2007) y su sucesora y esposa, Fernndez, quienes fueron imputados y luego sobresedos dos veces por sospechas de enriquecimiento ilegal.

La primera vez fue por el crecimiento supuestamente desmedido de su patrimonio entre 2005 y 2007, y la segunda por un aumento de 158% en su riqueza entre 2008 y 2009.

[embed:1072750] Kirchner (quien falleci en 2010) y Fernndez fueron imputados y sobresedos dos veces por enriquecimiento ilcito.

Dos jueces desestimaron esas sospechas, lo que caus mucha controversia en su momento en el pas.

Hoy en da los bienes de la presidenta siguen estando bajo la lupa judicial.

El magistrado federal Claudio Bonadio el mismo que proces a Boudou por la falsificacin de documentos- investiga si una empresa hotelera que pertenece a Fernndez y a su familia es parte de una operacin de lavado de dinero.

EL CASO HOTESUR La causa surgi luego de que el diario La Nacin revel que la sociedad annima Hotesur, que administra distintos hoteles y tiene a la presidenta entre sus accionistas y a varios familiares de Fernndez en su directorio, alquil cientos de habitaciones al empresario Lzaro Bez, un aliado del gobierno.

Bez es el principal concesionario de obra pblica en la provincia de Santa Cruz, que fue gobernada por Nstor Kirchner desde 1991 hasta 2003, cuando lleg a la presidencia.

Segn el diario, el acuerdo prevea el pago del alquiler de las habitaciones ya sea que se usen o no.

El juez investiga si el acuerdo pudo haber ocultado una maniobra de blanqueo de divisas ilegales o una devolucin de favores por la adjudicacin de obras pblicas.

En noviembre pasado, Bonadio orden el allanamiento del domicilio legal de Hotesur S.A., en Buenos Aires, luego de que la diputada opositora Margarita Stolbizer denunciara a la compaa por no entregar todos sus balances a la Inspeccin General de Justicia.

El juez hall una oficina vaca.

[embed:1072751] Los legisladores de la oposicin exigen que Boudou renuncie pero, con el apoyo de su partido que es mayora en el Congreso, el vicepresidente evit el juicio poltico.

A travs de un comunicado, la empresa explic que haba cambiado su domicilio y critic duramente a los medios de comunicacin por presentar como delictivo el incumplimiento de trmites administrativos.

(La investigacin) constituye una operacin meditica-judicial con la infaltable complicidad de sectores de la oposicin partidaria y vaya a saber con qu otra apoyatura externa, contra la presidenta y sus hijos, denunci a travs de las redes sociales.

Por su parte, el gobierno impuso a Hotesur una multa de unos US$350, la sancin ms severa prevista para este tipo de infracciones.

Hace dos semanas la Cmara Federal portea rechaz apartar de la causa a Bonadio, negando el pedido de recusacin de una de las imputadas, Romina Mercado, sobrina de la presidenta, quien encabeza el directorio de Hotesur.

[embed:1072752] No solo funcionarios kirchneristas estn bajo la lupa de la Justicia: el alcalde de Buenos Aires Mauricio Macri tambin est procesado por un caso de escuchas.

A pesar de que por ahora el juez no proces a nadie ni cit a los imputados a indagatoria, el caso Hotesur ha generado mucha expectativa en Argentina.

El periodista Joaqun Morales Sol, crtico del gobierno, asegur que se trata del caso ms complicado que tiene la presidenta argentina, incluso ms que la denuncia de Nisman.

PARTIDO JUDICIAL El gobierno asegura que la multiplicacin de denuncias judiciales en su contra es parte de un golpe blando liderado por la oposicin, los medios crticos y jueces y fiscales que buscan debilitar o derrocar al gobierno.

A travs de una carta pblica, la presidenta acus a algunos sectores del Poder Judicial de haber formado un Partido Judicial, que segn la mandataria es opositor y destituyente del gobierno.

As respondi Fernndez a una masiva movilizacin convocada por un grupo de fiscales crticos del gobierno que el pasado 18 de febrero marcharon con la consigna de homenajear a Nisman y pedir que el gobierno no interfiera en la investigacin de su muerte.

En un discurso ante el Congreso por la apertura de sesiones ordinarias, el pasado 1 de marzo, la mandataria reiter sus acusaciones contra el partido judicial.

Adems, a travs de una solicitada en los diarios dijo que la denuncia de Nisman busc generar un efecto poltico desestabilizador y resalt el hallazgo de otros documentos firmados por el fiscal poco antes de morir que ponderan el trabajo del gobierno en la causa AMIA.

DENUNCIAS Aunque las causas Nisman, Ciccone y Hotesur son las de ms alto perfil, no son las nicas acusaciones que enfrentan las autoridades argentinas.

Segn el diario Perfil, en 2014 la presidenta y su gabinete sumaban 745 denuncias ante la Justicia Federal por presuntos casos de corrupcin.

[embed:1072753] La presidenta dijo que una marcha de fiscales crticos de su gobierno marc el nacimiento de un Partido Judicial opositor y destituyente.

Cristina Kirchner encabeza el ranking con 298 (denuncias), detall el peridico en septiembre pasado, citando fuentes de los tribunales federales.

Pero cuntas de esas denuncias tienen fundamento?

El fiscal que lleva la causa Ciccone, Jorge Di Lello, admiti recientemente que la Justicia argentina est muy politizada.

Argentina es amante de las cartulas, dijo a la radio Vrterix, haciendo referencia al nombre que se le da localmente a las denuncias judiciales.

A veces son cartulas bien ganadas, otras veces son cartulas bien inventadas, agreg.

Di Lello aclar que la traslacin de la lucha poltica a los tribunales no es un fenmeno nuevo, sino algo que ocurre hace veinte aos.

CONDENAS Los crticos del gobierno afirman que la influencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial hizo que se frenaran varias causas que afectan a funcionarios, como las de enriquecimiento ilcito.

[embed:1072767] La exministra de Economa de Nstor Kirchner, Felisa Miceli, fue condenada por el hallazgo de un bolso con dinero no declarado en el bao de su oficina.

Por su parte, la presidenta acus de lo contrario: denunci que hay varios casos que perjudican a opositores (como el multimedios Grupo Clarn, enfrentado abiertamente al gobierno) y que han sido cajoneados por jueces o fiscales afines a esos intereses.

Lo cierto es que durante los ltimos 12 aos de gobierno kirchnerista la mayora de las investigaciones que enfrent el gobierno fueron cerradas, algo que para las autoridades prueba su inocencia y para sus crticos es evidencia del poder de influencia del gobierno sobre algunos jueces y fiscales.

No obstante, tambin ha habido varios exfuncionarios kirchneristas procesados e incluso condenados por la Justicia.

En 2012, la exministra de Economa Felisa Miceli fue sentenciada a cuatro aos de prisin por los delitos de encubrimiento agravado y sustraccin de documento pblico, a raz del hallazgo de dinero no declarado en el bao de su oficina.

Y el ao ltimo el exministro de Transporte Ricardo Jaime quien est procesado en mltiples causas- fue sentenciado a seis meses de prisin por intentar robar pruebas en un allanamiento.

Las condenas de Miceli y Jaime estn en suspenso hasta que concluya el proceso de apelacin, por lo cual no han ido a la crcel.

Tambin estn procesados por otros delitos la exsecretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti, el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

FIN DE CICLO Algunos analistas creen que el aumento de denuncias judiciales tiene que ver con un fin de ciclo, ya que en diciembre Fernndez dejar el poder, lo que podra marcar el fin del kirchnerismo.

Gabriel Puricelli, presidente del Laboratorio de Polticas Pblicas (LPP), dijo a BBC Mundo que algo similar ocurri al final del mandato de Carlos Sal Menem (1989-1999).

Cuando los jueces y fiscales dejan de temer que sus investigaciones puedan llevar a medidas disciplinarias en su contra, tienen mayor vocacin de hacer, seal.

Por su parte, la consultora poltica Graciela Rmer consider que el final del mandato presidencial simplemente aceler los procesos judiciales que estaban aletargados.

Rmer dijo a BBC Mundo que la muerte violenta y dudosa del fiscal Nisman aument la presin de la opinin pblica y de los medios para que la Justicia acte y para que se castigue la corrupcin, lo que tambin puede haber dado impulso a las causas judiciales contra el gobierno.