La Cámara de Diputados de Argentina convirtió hoy en ley dos proyectos de reforma a la justicia que según críticos aumentarán la influencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y tornará más difícil litigar ante el Estado.

El Gobierno, que defendió la reforma como una forma de democratizar el Poder Judicial argentino pese a quejas de la oposición y a masivas protestas callejeras, espera aprobar otras disposiciones de cambios en la justicia en las próximas semanas.

Según las normas aprobadas luego de una maratónica sesión, el dictado de medidas cautelares para suspender decisiones del Estado sólo podrá ser hecho por un juez cuando se encuentre comprometida directamente la vida o la salud de la persona o un derecho de naturaleza alimentaria.

ACUSAN A LEY DE “INDIGNA” El diputado peronista Jorge Yoma, un oficialista que ha expresado desencanto con el rumbo intervencionista del Gobierno de la presidenta Cristina Fernández, de su mismo partido, dijo que la limitación de las medidas cautelares es una de las leyes más indignas que votó el Congreso en 30 años de democracia.

Según juristas críticos de las medidas, la limitación al dictado de cautelares viola el principio de igualdad entre Estado y ciudadanos.

Varios jueces han frenado reformas del Gobierno mediante medidas cautelares solicitadas por empresas u organizaciones que las consideraron lesivas a sus intereses.

Por las reformas aprobadas también se crearán nuevas cámaras de casación. Juristas también advirtieron que esas nuevas cámaras serán integradas por jueces que podrían ser removidos fácilmente, condicionando el dictado de sentencias.

La diputada opositora Elisa Carrió, de la centroizquierdista Coalición Cívica, dijo que nuevas cámaras obstaculizarán el acceso a la justicia o demorarán la definición de causas. A jubilados (reclamando mejoras de pensiones) se les va a ir la vida en esto, expresó.

OFICIALISMO SE DEFIENDE El jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, rechazó las críticas y dijo que con ellas la oposición sólo busca generar un clima horrible e inocular el odio en el pueblo argentino.

Las reformas ocurren luego de severas críticas de la mandataria Cristina Fernández a jueces por haber frenado leyes consideradas claves por su Gobierno, especialmente una que limita la propiedad de medios de comunicación y que obligaría al mayor conglomerado del sector, el Grupo Clarín, a desprenderse de licencias.