La Contraloría encuentra irregularidades en contratos de la Municipalidad de Lima

Concejo malgastó S/.107.955 y ahora exige devolución del dinero. Reemplazo de Gabriel Prado comunicó a OCI de las faltas y renunció

La Contraloría encuentra irregularidades en contratos de la Municipalidad de Lima

ELIZABETH SALAZAR

La falta de técnicos en la Municipalidad de Lima que ayuden a impulsar las obras prometidas en la ciudad es uno de los cuestionamientos que ha recibido la gestión de Susana Villarán. Sin embargo, no se conocía el perjuicio económico que podía causar. La Oficina de Control Institucional (OCI) –que depende de la contraloría– analizó 52 contrataciones de bienes y servicios realizadas el último año y encontró irregularidades en 12 de ellas, las cuales han derivado en el pago innecesario de S/.107.955.

Lo analizado son consultorías y compras hechas a marzo de este año, sobre todo en la Gerencia de Seguridad Ciudadana, que dirigió Gabriel Prado hasta el 15 de enero pasado.

NO SOLO FUERON LOS PATRULLEROS
Uno de los errores profundizados por la contraloría es la denuncia que hizo el programa “Cuarto poder” el 17 de febrero, con respecto a que los patrulleros recién inaugurados por Prado no tenían placa ni SOAT para operar, y las luces fueron alquiladas para la foto.

Pese a que el escándalo estalló 16 días después de iniciado el alquiler, el proceso no se detuvo. Se arrendaron los equipos hasta marzo, fecha en que los patrulleros salieron del depósito, y se pagó por ello S/.40 mil a la empresa Partes y Reflectivos S.A.C., como consta en dos cheques del 9 de abril.

Pero no solo fueron los patrulleros. Las circulinas para 40 motocicletas de serenazgo también fueron alquiladas a esa compañía por S/.11.092 entre el 19 de enero y 6 de marzo, pese a que las motos recién salieron del depósito en abril y junio. En total, Partes y Reflectivos cobró S/.50.871,75 por un servicio que no fue usado.

PRESIONES Y SILENCIOS
Los contratos se formalizaron con posterioridad al servicio, cuando Prado ya no estaba en el cargo. Él solicitó los alquileres el 11 de enero, inauguró los vehículos el 15 de ese mes y dos días después se fue a Emape. Según corroboramos, la adjudicación y los pagos continuaron cuando fue reemplazado por Carlos Romero. Pero ninguno de los trámites descritos lleva su firma, sino solo de las gerencias de Administración o Logística.

Romero estuvo un mes en el cargo y renunció dos días después de difundirse el reportaje de “Cuarto poder”. Fuentes municipales indicaron que antes de irse el entonces gerente envió un documento a la OCI para explicar las irregularidades halladas en esa oficina.

Villarán firmó su salida como si lo hubieran cesado, pero en marzo se rectificó y reconoció que Romero renunció. Él no quiso hablar para este reportaje.

El asunto no quedó allí. El 16 de mayo concluyó la licitación para comprar las luces y circulinas de los vehículos de serenazgo por S/.515.731. Hubo dos ganadores: Momarento E.I.R.L. obtuvo el equipamiento de los patrulleros; y la misma Partes y Reflectivos, el de las motos. Esto fue objetado por los postores, pues esta ya tenía las circulinas instaladas, pero igual ganó.

EN CÓMODAS CUOTAS
Otros dos contratos irregulares encontrados por la OCI son el pago de S/.10.800 por el mantenimiento de bicicletas de serenazgo, trabajo que nunca se realizó y que era innecesario porque las unidades eran nuevas; y el gasto de S/.8.000 en consultorías para habilitar tres centros preventivos, pese a que esos estudios se habían realizado seis meses atrás.

El Comercio corroboró que, tras descubrirse estos hechos, la municipalidad firmó un acuerdo extrajudicial con Gabriel Prado, el ex subgerente de Operaciones de Seguridad Miguel Pachas Serrano y el ex funcionario José León Ambia, para que asuman la falta administrativa y repongan el dinero.

Ellos devolverán S/.62.769 gastados en alquileres y consultorías. Todo en cuotas de S/.4.561 mensuales que vencen en setiembre del 2014 y serán asumidas en un 85% por Prado. “La empresa que alquiló las circulinas para los patrulleros se llevó esa plata fácil y ahora los ex funcionarios deben pagar de su bolsillo. Está bien, devuelven, pero esto no debe pasar en una gestión municipal seria”, sostiene el regidor Alberto Valenzuela.

Pedimos conversar con la Gerencia Municipal o la Gerencia de Seguridad Ciudadana, pero guardaron silencio. El Comercio también llamó a Gabriel Prado, pero no respondió.

POSIBLES JUICIOS
Otra de las irregularidades halladas es el contrato que se firmó el 2012 con DHG Proyectos y Servicios para realizar el inventario de bienes patrimoniales del municipio a un costo de S/.198.000.

Aquí no se malgastó el dinero. El informe dice que el trabajo final no se ajustó a lo solicitado y la municipalidad canceló el contrato; sin embargo, DHG Proyectos y Servicios se quejó y le acaba de ganar un laudo arbitral a la Municipalidad de Lima. “Esto genera el riesgo de que el contratista reclame un pago aún no cuantificado”, advierte la OCI.

La otra parte del dinero malgastado, según la OCI, es por solicitar consultorías de S/.45.186 con miras a comprar un inmueble para oficinas. Los estudios fueron entregados, se licitó la compraventa de un predio y se otorgó la buena pro, pero el concejo desistió por falta de dinero. Manuel Ato del Avellanal, el ganador, ha amenazado con exigir un “pago por lucro cesante”. Lo invertido en consultorías se perdió.