Madre de Dios: dictan prisión preventiva para ex presidente regional

Lima, 4 de diciembre de 2013Actualizado el 04/12/2013, 04:48 p. m.

RALPH ZAPATA Corresponsal

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios dictó nueve meses de prisión preventiva para el ex presidente regional José Aguirre Pastor, a quien se le acusa de peculado doloso y colusión en agravio del Estado. El ex mandatario regional se encuentra no habido, hasta ahora, y la Policía ya lo busca por toda la región.

La medida fue solicitada por el Ministerio público, y confirmada por los magistrados, quienes determinaron ubicar al imputado, detenerlo e internarlo en el Penal San Francisco de Asís de Puerto Maldonado, mientras duren las investigaciones que se le siguen.

A Aguirre Pastor se le acusa de presuntamente haber aprovechado su cargo para concertar el pago ilegal de S/. 2 millones 135 mil 438 a favor del contratista de los trabajos de mejoramiento de la carretera Santo Domingo-Laberinto.

La ex autoridad regional habría suscrito un acuerdo ilegal con Jorge Hernán Herrera García, representante del consorcio Ruiz, Ingeniería y Construcción SRL y Herreiva SRL, para pagarle la valorización de una obra no ejecutada. Asimismo, habría devuelto, de manera ilegal, el 10% de la garantía de fiel cumplimiento, sin que se haya culminado la construcción de la carretera.

En Puerto Maldonado se especula sobre una posible fuga de Aguirre Pastor, quien ya se encontraría en el vecino país de Bolivia, ayudado por dos cómplices. Esta teoría no ha sido confirmada, pero es bastante rumoreada en esa ciudad de la selva baja peruana.

SUSPENDIDO POR EL JNE En diciembre pasado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) suspendió en sus funciones a Aguirre Pastor por tener una sentencia condenatoria por delito contra la administración pública.

La autoridad regional recibió cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida, así como un año de inhabilitación en el cargo, y deberá pagar S/.3.000 por reparación civil. Todo ello por haber sido hallado responsable del delito de usurpación de funciones, al modificar el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), en el 2010, de la Dirección Regional de Salud.