Rodrigo Duterte retira a Filipinas de la Corte Penal Internacional

Manila. Tras meses de amenazas, el presidente Rodrigo Duterte retiró hoy a Filipinas de la Corte Penal Internacional (CPI), a la que acusó de ataques "intolerables" por tratar de investigar su "guerra antidroga", que suma más de 7.000 muertos.

Lo hizo a través de un comunicado en el que asegura que "Filipinas retira con efecto inmediato su ratificación del Estatuto de Roma", el instrumento constitutivo de la CPI adoptado en 1998 y cuyos 123 miembros actuales incluyen a la mayoría de países de Europa, las Américas y África.

EE.UU. y Rusia se retiraron del Estatuto años después de haberlo firmado, mientras China, India y la mayoría de naciones de Asia nunca llegaron a ratificarlo y, por tanto, no forman parte del llamado tribunal de La Haya.

En el comunicado, cuyo borrador fue divulgado hoy a la prensa en Manila, el jefe de Estado, de 72 años, argumenta que la CPI trata de violar la soberanía de Filipinas al abordar un asunto que corresponde a los tribunales del país y acusa a funcionarios de la ONU de actuar de mala fe contra su Gobierno.

"Parece que hay un esfuerzo concertado de los relatores especiales de la ONU para dibujarme como un cruel y despiadado violador de los derechos humanos que supuestamente ha ordenado miles de ejecuciones extrajudiciales", expresa Duterte en el documento que el Gobierno planea enviar en breve a La Haya.

La retirada de un Estado de la CPI solo puede hacerse efectiva un año después de que el Secretario General de la ONU reciba la correspondiente notificación por escrito, según el artículo 127 del Estatuto de Roma, un precepto que Duterte no parece dispuesto a acatar.

El artículo 127 "no es aplicable" debido a que "parece haberse producido un fraude al suscribir dicho acuerdo", expone en el comunicado el jefe de Estado filipino, que acusa a la CPI de haber violado su presunción de inocencia y el principio de complementariedad.

Así, atribuye a funcionarios de la ONU "ataques sin fundamento, sin precedentes e intolerables contra mi persona y mi Administración", y asegura que la CPI trata de imponer su jurisdicción sobre él "en violación del debido proceso y la presunción de inocencia".

El tribunal internacional recibió en abril del año pasado la demanda de un particular filipino que exigió juzgar a Duterte por "asesinatos en masa" durante los 22 años (1988-98, 2001-10 y 2013-16) que fue alcalde de Davao, en la sureña isla de Mindanao, y también como jefe de Estado desde junio de 2016 con su campaña antidroga.

Casi un año después, el pasado 8 de febrero, la CPI inició un análisis preliminar para investigar los presuntos asesinatos extrajudiciales en la "guerra contra las drogas" con el fin de determinar si existe o no base suficiente para abrir una investigación.

Desde entonces, Duterte ha amenazado con retirarse del tribunal y ha protagonizado una campaña de acoso contra los relatores de la ONU sobre derechos humanos, a los que amenazó con "lanzar a los cocodrilos" o "abofetear" en el caso de la francesa Agnes Callamard, asignada a Filipinas.

Callamard ha criticado la "guerra antidroga" en numerosas ocasiones, una de ellas durante una visita extraoficial en Filipinas, lo que provocó la ira del mandatario y su gabinete.

La "guerra contra las drogas" de Duterte, que goza de un apoyo cercano al 90 por ciento entre los filipinos, ha causado unas 4.000 muertes de sospechosos en redadas policiales, aunque se estima que el número total de víctimas supera las 7.000 al contar las muertes perpetradas por civiles.

Estas muertes "no son crímenes contra la humanidad" sino producto de la "defensa propia empleada por los agentes de policía cuando existe una resistencia violenta de los sospechosos", argumenta el presidente en su comunicado.

La decisión de Duterte ha generado críticas de grupos opositores locales y organizaciones extranjeras de defensa de los derechos humanos, que confían en que no se detengan los procesos abiertos contra el polémico mandatario.

"Los responsables de crímenes cometidos en Filipinas, siendo el país aún Estado miembro, pueden acabar siendo sometidos a la justicia en La Haya", expresó en una nota de prensa el director adjunto de justicia internacional de Human Rights Watch (HRW), Param-Preet Singh. 

Fuente: EFE