Herederos de Pablo Escobar podrían pagar hasta 10 años de cárcel

Las puertas de la cárcel parece que están a punto de volverse a abrir para la viuda del extinto capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, y para uno de sus hijos, Juan Pablo, debido a la reciente decisión de un tribunal argentino de acusarlos formalmente de lavado de activos del narcotráfico.

En efecto, María Isabel Santos (antes Victoria Henao), viuda del capo, y Juan Sebastián Marroquín (antes Juan Pablo Escobar), su hijo mayor, se enfrentan a una condena de hasta 10 años de cárcel y a una multa de unos 3.500 millones de pesos colombianos si al final del juicio son hallados culpables.

La justicia argentina los acusa de haber lavado al menos 3 millones de dólares del narcotraficante colombiano José Bayron Piedrahita, quien está incluido en la ‘lista Clinton’ y aguarda tras las rejas su extradición a Estados Unidos. Tuvo nexos con Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, del extinto Cartel de Cali, y con la denominada ‘Oficina’.

Esta semana, tras meses de investigaciones y seguimientos, el Juzgado Federal de lo Criminal y la Correccional No. 3 de Morón, en Argentina, ordenó el “procesamiento sin prisión preventiva” de María Isabel y Juan Sebastián y, de paso, decretó embargarles sus propiedades y cuentas en Buenos Aires hasta completar la suma de 30 millones de pesos argentinos, unos 3.500 millones de pesos colombianos.

En este caso, de mucha resonancia en la prensa argentina, también está salpicado el ex futbolista colombiano Mauricio ‘el Chicho’ Serna, también acusado de lavado de activos y con una orden de embargo por la misma suma.

La justicia argentina intenta determinar si los tres implicados, a través de transacciones inmobiliarias y otras inversiones, habrían o no ayudado a Piedrahita a ingresar a Buenos Aires dinero producto del narcotráfico.

Y aunque el tribunal que lleva el caso, en cabeza del juez federal Néstor Pablo Barral, se abstuvo de enviarlos a prisión preventiva, deja en claro que hay evidencia de que los tres imputados “estaban enterados de las actividades narcocriminales” que Piedrahita realizaba en el exterior y que, no obstante, lo habrían ayudado a lavar en el país suramericano al menos 3 millones de dólares y 1,5 millones de pesos argentinos.

Este delito, de acuerdo con la normatividad argentina, se castiga con pena de cárcel que oscila entre los 2 y 10 años. Además de la multa que tasa el juez que lleve el proceso que, para este caso en concreto, se estima en los 30 millones de pesos argentinos.

Lo que se investiga es la forma en la que aparentemente Santos y Marroquín llevaron a Piedrahita a invertir en un negocio inmobiliario del empresario Mateo Corvo Dolcet, en Buenos Aires, por lo cual se habrían quedado con una importante comisión.

Durante esta transacción aparece el nombre del ‘Chicho’ Serna, quien habría ayudado al capo Piedrahita en la compraventa de un apartamento y de un lote –avaluados en 930.000 dólares– por medio de “una escritura traslativa de dominio”. Esta figura es una especie de venta simulada y, de acuerdo con la normatividad de este país, no obligaba al usuario a explicar la procedencia del dinero que invirtió en el negocio.

Cabe recordar que hace casi 20 años, en 1999, los herederos de Pablo Escobar estuvieron varios meses detenidos también acusados de lavado de activos, pero su situación jurídica se resolvió y recuperaron su libertad al año siguiente.

Y, por otra parte, Piedrahita también es acusado en Estados Unidos de sobornar a un agente federal para borrar sus antecedentes mafiosos, mientras que Serna figuró durante una investigación que se hizo en torno a Edilson Duque Ceballos, asesinado en 2008 y considerado como uno de los cabecillas de ‘la Oficina’.

Fuente: El Tiempo, GDA/Unidad de Investigación