Piura (El Comercio Norte).- Si hasta febrero pasado las puertas del diálogo parecían cerradas, ahora hay dos instancias del Gobierno -la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Gobierno Regional de Piura- que, cada una por su cuenta, preparan el terreno para que se converse sobre la posibilidad de realizar actividades mineras en la serranía de Piura.

En el caso de la PCM, su titular Yehude Simon se reunió el 2 de marzo con los alcaldes y representantes de Ayabaca y Huancabamba, quienes le reiteraron su oposición a las actividades mineras y se quejaron por la supuesta presencia ilegal de la minera Río Blanco en sus territorios.

“Hemos visto buena voluntad en la PCM para mantener los canales de conversación abiertos y reanudar el diálogo. Simon prometió informarse más del caso y reactivar formalmente el diálogo”, afirmó el alcalde de Huancabamba, Lázaro Toro.

“Según el cronograma planteado, el 17 de marzo deberían haber llegado técnicos de la PCM a Huancabamba y el 19 a Ayabaca, pero no sucedió”, precisó el regidor Miguel Herrera, presidente de la Comisión Ambiental y de Recursos Naturales de la Municipalidad de Ayabaca.

REUNIONES
La semana pasada, tras reunirse con los comuneros de San Ignacio (Cajamarca), la PCM anunció que en la quincena de abril se reunirían con los representantes de las provincias piuranas, aunque todavía no llega una comunicación oficial.

En forma paralela, la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Piura ha desarrollado dos talleres informativos en los que participan la minera Río Blanco y representantes de diferentes instituciones públicas y privadas interesadas en el tema minero.

“Hemos realizado dos talleres y en el próximo debemos desarrollar lo que es la mesa de concertación minera en Huancabamba”, informó el gerente regional de Desarrollo Económico, Jimmy Torres, y agregó que para entonces también convocarían a representantes del Gobierno Central.

Aunque no se sabe si habrá dos mesas de diálogo o si se juntarán en una sola, los convocados de cada uno de los grupos ya discuten desde sus respectivos foros. El primer punto de conflicto es si Río Blanco se encuentra de manera legal en las comunidades.

“No tienen permiso o no han demostrado que lo tengan para ingresar a la comunidad. Presentaron un estudio de impacto ambiental que tiene observaciones que no han podido levantar. Simon ha dicho que si la empresa se encuentra de manera ilegal, tendrá que irse”, detalló Torres.

*ENFOQUE
El Estado no debe ser jugador*

La existencia de dos instancias paralelas de diálogo sobre el mismo tema -la presencia de la empresa minera Río Blanco y sus futuras operaciones en la sierra de la región Piura, a pesar de la oposición de un importante sector de la población- puede terminar por invalidar ambas iniciativas, y ahí donde se busca entendimiento entre las partes involucradas, sembrar más confusión.

Más aun si, como parece que sucederá, el Ejecutivo y el gobierno regional tienen diferentes criterios al señalar quiénes son los representantes de la sociedad civil en este asunto.

¿Qué pasaría, por ejemplo, si las dos mesas a instalarse tienen resultados distintos, una a favor de la minería y la otra en contra? Pues que en el mundo del “papelito manda”, cada una de las partes tendría un papel o acuerdo que mostrar a su favor. Es decir, no se habría resuelto nada.

Es necesario que las diferentes instancias del Gobierno se pongan de acuerdo y una de ellas ceda ante la otra el rol de tratar de encontrar una solución a este tema del que depende toda la región. El Estado debe ser árbitro, no jugador.

Por Juan Vargas Sánchez