Tras 17 años de intensa lucha en demanda de justicia, los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) se declararon “satisfechos” por la condena de 25 años de prisión impuesta contra el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas y vocera de los deudos de ambos crímenes, declaró que por primera vez desde que se cometieron las matanzas “la justicia peruana se ha mostrado a la altura de lo que exige la historia en la lucha contra la impunidad”.

“Por primera vez se respeta el derecho de los familiares (de las víctimas) a la verdad y a la justicia. Por primera vez se dignifica la memoria de nuestros familiares declarando en sentencia que no había ninguna vinculación de las víctimas con algún grupo terrorista”, declaró Ortiz visiblemente emocionada.

UNA LECCIÓN PARA EL PAÍS
“Ojalá que estos crímenes por los cuales nosotros hemos luchado durante 17 años para que se haga justicia sea una enseñanza que aprendamos todos como peruanos para que no vuelva a repetirse. Ojalá que esta historia de impunidad no vuelva a intentar perpetuarse en nuestro país”, declaró enfáticamente al final del juicio contra Fujimori.

Gisela Ortiz perdió a su hermano Enrique en la matanza de La Cantuta. El cadáver de su hermano fue el único que se encontró entero en las fosas de Huachipa, donde en julio de 1992 el grupo de aniquilamiento Colina asesinó a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta.

“Ojalá que aprendamos como peruanos que tenemos derecho a la memoria, a la dignidad, a la justicia pero también al buen nombre que nos hemos ganado con las luchas en las calles exigiendo el respeto a todos y cada uno de los familiares”, sentenció.