Por Iana Málaga Newton

La economía peruana siempre ha estado marcada por las decisiones políticas que se tomaron en diferentes épocas. De eso puede dar fe la memoria de este Diario, cuyas páginas han dado cuenta de las distintas medidas económicas adoptadas por nuestros jefes de Estado para intentar mejorar el gasto público o paliar algunas de las tantas crisis que nos han golpeado.

Como lo señaló El Comercio el 13 de marzo de 1989, la deuda externa, los vaivenes del sistema financiero y la inflación son problemas recurrentes que desde hace más de 100 años han desequilibrado el presupuesto nacional. Vale la pena entonces recordar algunos de los acontecimientos económicos más importantes de nuestra historia, que en su momento llevaron al país a obtener cierta estabilidad o que, por el contrario, remecieron el sistema.

RECONSTRUCCIÓN NACIONAL
Al finalizar la Guerra del Pacífico, el Perú tenía una deuda de 52 millones de libras esterlinas con Inglaterra. Por eso en 1886 el presidente Andrés Avelino Cáceres se propuso firmar el contrato Grace, que otorgaba a un comité británico de tenedores de bonos la facultad de administrar nuestros ferrocarriles por 66 años y de explotar los yacimientos mineros. Con esa medida se esperaba amortizar parte de la deuda externa.

Este Diario fue testigo de los fuertes disturbios políticos que generó tal propuesta. Famosa fue la carta que envió a El Comercio el entonces presidente del Consejo de Ministros José Araníbar, en la cual mostraba su preocupación respecto de la firma del contrato Grace, ya que su aceptación generaría “esclavitud en poder de extranjeros”. Esta misiva se publicó el 14 de diciembre de 1886, el mismo día en que el representante del comité británico, Miguel P. Grace, emitiera una respuesta a la correspondencia, en la que exponía que los tenedores de bonos tienen el derecho de perseguir “indistintamente cualquiera de los bienes y rentas que le están especialmente hipotecados para obtener el servicio de sus títulos”.

Aunque las disputas continuaron por largo tiempo, el contrato Grace se aprobó en 1889, lo que en cierta medida permitió mejorar la economía nacional, al fundarse algunos bancos en manos de grupos extranjeros.

FRAGMENTAR LA PROPIEDAD
El 24 de junio de 1969 numerosos políticos y periodistas asistieron al Salón Dorado de Palacio de Gobierno para escuchar la promulgación de la Ley de Reforma Agraria de boca del general Juan Velasco Alvarado. Con esa norma, el ex jefe de Estado propuso limitar el derecho a la propiedad de los latifundios de la costa y sierra del país a fin de beneficiar a los campesinos.

En el editorial del 26 de junio de 1969 El Comercio advirtió que la reforma agraria no debía alterar la marcha normal de la productividad, y que si se dejaba de lado cualquier otro criterio que no fuera esencialmente técnico, era posible que los resultados no fueran satisfactorios. Lamentablemente, la aplicación de la ley causó años después una reducción generalizada de los productos agrarios nacionales.

FINANZAS DESBOCADAS
Apenas tenía 36 años cuando en julio de 1985 Alan García asumió la presidencia del Perú. En su primer mensaje a la nación el joven líder aprista anunció que el Estado solo destinaría el 10% de las exportaciones para pagar la deuda externa. Este Diario indicó en su editorial que esta decisión debía responder a un estudio fundamentado, pues corríamos el riesgo de que se nos cortara el crédito externo.

Dicho y hecho, el 16 de agosto de 1986 el Fondo Monetario Internacional (FMI) declaró inelegible al Perú para recibir nuevos préstamos (fue el primer país de Latinoamérica que mereció tal deshonrosa clasificación), por haber cancelado solo US$35 millones de los US$185 millones que el país debía a ese organismo.

A pesar de habernos aislado del apoyo del sistema financiero internacional, el 9 de octubre de 1987 se publicó la Ley de Estatización de la Banca, que señalaba que el Gobierno tomaría provisionalmente la administración de los bancos y compañías financieras y de seguros.

Este hecho generó numerosas protestas entre parlamentarios de las bancadas de oposición, que calificaron la norma de inconstitucional. El 12 de octubre de ese año El Comercio se pronunció en contra de esta drástica medida que, además de resquebrajar la economía social de mercado, generaría desaliento y la retracción de los capitales privados externos.

EL DÍA DEL “FUJISHOCK”
Las largas colas que se formaban en los mercados para comprar los alimentos son el recuerdo más nítido que guardan los jóvenes sobre la grave situación económica que se vivió a fines de los años 80 del siglo pasado. De hecho, en diciembre de 1989 la hiperinflación llegó a 1,700% y el comportamiento fiscal solo arrojaba cifras en rojo.

Esta bomba de tiempo obligó al siguiente gobierno a tomar políticas de emergencia. A menos de 15 días de que Alberto Fujimori asumiera la presidencia, el entonces primer ministro Juan Carlos Hurtado Miller anunció un severo plan para combatir la inflación, al eliminar los subsidios para los alimentos importados, desaparecer el dólar MUC, acabar con las exoneraciones arancelarias, entre otras medidas destinadas a corregir los desequilibrios fiscales.

“El primer paso del ajuste oficial” fue el título del editorial de El Comercio que se publicó el 10 de agosto de 1990, dos días después del anuncio de Hurtado Miller. Y allí se expuso una idea que es bueno evocar ahora que el mundo pasa por un momento de inestabilidad económica: todo ajuste siempre debe hacerse tomando en cuenta la equidad social y la interacción civil para así lograr salir de la crisis.