(dpa) – El diálogo entre el gobierno y los indígenas amazónicos en el Perú debe desarrollarse “sin vetos”, pues de lo contrario hay el riesgo de que “se desprestigie y fracase”, advirtió hoy la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, a quien se le ha pedido asumir una tarea de facilitación de acercamientos.

Merino hizo el comentario en un encuentro con corresponsales extranjeros en Lima, al referirse a la negativa del gobierno a reconocer como interlocutora a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), organización que lidera la huelga que cumple hoy 64 días.

Según la Defensora, para que el diálogo prospere deben confluir hechos como el levantamiento de todas las medidas de fuerza- lo que incluye tanto la huelga indígena como la declaratoria de emergencia en la Amazonía- y debe ser oficialmente reconocido por el Congreso.

Pero, además, destacó la importancia de que se defina bien la representatividad de los interlocutores por parte de los nativos, pues, graficó, en la mesa convocada por el gobierno hay sitio para diez de ellos, cuando en la selva hay unos 1.400 apus (jefes).

En ese marco, Merino recordó que los indígenas están representados especialmente por la Aidesep, que reúne a 1.350 comunidades y 70 federaciones, y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), con 750 comunidades y 40 federaciones. De 12 organizaciones regionales, además, siete están bajo la influencia de Aidesep y cinco de la Conap.

El gobierno ha expresado intención de no incluir en los diálogos a la Aidesep, a la que acusa de radical e ideologizada e incluso de obedecer a intereses extranjeros. El presidente de esa Asociación, Alberto Pizango, ahora bajo asilo de Nicaragua, ha sido el rostro visible de la huelga.

De otra parte, los líderes indígenas han dejado entrever un veto para el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, porque el gabinete, dicen, “tiene las manos manchadas de sangre”.

La Defensoría, por encargo de Simon, alista con la Conferencia Episcopal Peruana, una propuesta respecto a cómo debe recomponerse el diálogo tras los sucesos que dejaron al menos 34 muertos el viernes pasado.

“Siempre existen esperanzas y si no existen hay que crearlas”, dijo Merino respecto a lo difícil que se vislumbra un diálogo, del que destacó que sobre todo debe ser “inclusivo y transparente”.

Además de facilitadora del diálogo y observadora de los derechos humanos, la Defensoría interviene en el caso con acciones de inconstitucionalidad contra los decretos resistidos por los nativos.

Según la Defensoría, los decretos son inconstitucionales porque desconocen una cláusula de la Organización Internacional del Trabajo que señala que las comunidades deben ser consultadas, exceden las materias sobre las que se puede legislar bajo facultades extraordinarias y vulneran derechos de índole cultural.