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También piden embargar bienes de Eva Bracamonte y Liliana Castro

16:10 | El juez del caso pidió la detención de la hija de Myriam Fefer. Además se dispuso recabar el testimonio de 36 personas, entre ellas el abogado Pinkas Flint

El titular del 17º Juzgado Penal de Lima, Alfonso Payano Barona, ordenó el embargo preventivo de los bienes de Eva Bracamonte Fefer y Liliana Castro Mannarelli por una suma de hasta 500 mil soles, así como el levantamiento del secreto bancario y de las telecomunicaciones de ambas.

Payano Barona tomó la determinación tras ordenar la captura de Bracamonte y Castro al considerarlas presuntas autores intelectuales del asesinato de la empresaria judía Myriam Fefer, acontecido el 15 de agosto del 2006.

“(…) se ordena levantar el secreto bancario de los procesados y el secreto de las comunicaciones de 71 líneas telefónicas, entre fijos y móviles. Asimismo, se autorice a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional para recoger el reporte pormenorizado los correos electrónicos de los procesados”, sostuvo la Corte Superior de Lima mediante un comunicado.

Asimismo, el magistrado dispuso recabar el testimonio de diversos personajes relacionados con la investigación, entre ellos están Ariel Bracamonte Fefer, Pinkas Flint Blanck, Marco Antonio Bracamonte Mantilla, Carlos Arbulú Alva y otras 32 personas.

Al respecto, demandó a las autoridades pertinentes recoger el testimonio de la ciudadana colombiana Gloria María Venegas, presunta suegra del sicario colombiano Alejandro o Hugo Trujillo Ospina, considerado autor material del crimen.

Payano solicitó detención y la extradición de Trujillo Ospina, actualmente recluido en Argentina.

LAS MOTIVACIONES
En sus considerandos, el juez Payano Barona sostiene que hay “suficientes elementos de prueba” que comprometen a Bracamonte Fefer y Castro Mannarelli.

Indicó que ellas mostraron una “conducta evasiva que ambas mostraron durante la investigación policial”.

El titular del 17 Juzgado Penal de Lima se basó en el hecho que Bracamonte ocultó que había recibido una llamada telefónica el día del crimen y que Castro ocultó la transferencia de acciones, valorizados en 640 mil dólares, a su favor de la empresa Sideral.


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