(AP / elcomercio.com.pe) – El ex presidente Alberto Fujimori afrontará hoy, lunes, un cuarto proceso penal desde que fue extraditado de Chile en 2007, acusado en esta oportunidad de los delitos de interceptación telefónica, peculado y cohecho activo.

Fujimori, de 71 años, es acusado por la Fiscalía Suprema de usar el dinero del erario nacional para comprar equipos tecnológicos que permitieron interceptar los teléfonos de 28 personas entre políticos de oposición, periodistas y empresarios.

El fiscal supremo José Peláez dijo a la agencia de noticias AP que “el ex presidente también es responsable de la compra, con recursos del Estado, del desaparecido canal de televisión Cable Canal de Noticias (CCN) por el que se pagó casi tres millones de dólares y la compra de la línea editorial del diario Expreso”.

Peláez añadió que “asimismo Fujimori es acusado por el soborno de 13 congresistas que dejaron sus partidos políticos para pasarse al partido de Fujimori a fin de asegurarle una mayoría en el Parlamento”.

La fiscalía solicita una pena de ocho años de prisión y el pago de 1,72 millones de dólares a favor del Estado y un millón de dólares a favor de los agraviados por el delito de interceptación telefónica.

El fiscal supremo comentó que, un día antes del inicio del cuarto proceso penal contra el ex presidente, “los archivos del caso Fujimori sobrepasan las 20 mil hojas de papel elaborados por un equipo fiscal que en la actualidad está conformado por 8 abogados dedicados a tiempo completo”.

Peláez indicó que la fiscalía aportará 92 testigos para sustentar sus acusaciones y pedirá que se incluyan otros 58.

LA ESTRATEGIA DE FUJIMORI
El abogado del ex presidente, César Nakazaki, dijo a la AP que “tenían una percepción muy negativa de la justicia peruana… porque el poder judicial de Perú ha optado por la destrucción del partido político de Fujimori, eliminando al líder Alberto Fujimori”.

Fujimori fue condenado en julio a siete años y seis meses de cárcel por entregarle ilegalmente 15 millones de dólares de fondos públicos a Vladimiro Montesinos, su asesor de inteligencia, quien también se encuentra encarcelado.

En un proceso previo, el ex mandatario fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de secuestro y asesinato de 25 personas, entre ellas un niño, cometidas en los años 90 por un escuadrón de aniquilamiento del ejército, así como por los secuestros de un empresario y un periodista opositor.

Y su primer sentencia a finales de 2007 consta de seis años de cárcel por delito de usurpación de funciones por el allanamiento ilegal del domicilio de Montesinos.