La semana ha estado marcada por una acalorada polémica sobre el uso de nuestras reservas gasíferas: por un lado, quienes defienden la necesidad de garantizar el aprovisionamiento para el consumo interno, especialmente para la boyante industria, motor del crecimiento económico; y, por el otro lado, aquellos que promueven el respeto a la seguridad jurídica, en este caso los contratos con el Consorcio Camisea.

Tales posturas, ya lo hemos dicho, deben ser conciliadas a través del diálogo y la negociación bilateral, a lo que el consorcio no puede cerrar las puertas, en vista del cambio en las condiciones del país. No caben maniqueísmos ni posiciones extremistas cuando está de por medio el interés nacional.

Recordemos que el contrato fue objeto de varias modificaciones a pedido de la empresa, que se convirtieron luego en adendas, y que fue aprobado por muchos grupos parlamentarios que hoy quieren convertir el tema en un caballito de batalla electorero, ante la cercanía de los comicios regionales, municipales y luego nacionales. Eso es lo que debemos evitar, tratándose de un tema eminentemente técnico, que afecta a millones de peruanos.

En tal contexto, es positivo que el jefe del Gabinete se haya reunido con los presidentes regionales sureños y que, tras arduas negociaciones, se haya asegurado la provisión de reservas para iniciar la construcción del gasoducto del sur en enero próximo. Pero, todo esto tiene que ser explicado exhaustivamente y tener un seguimiento puntual, tanto por el considerable monto de la inversión cuanto para evitar conflictos y potenciar las posibilidades de cambio de matriz energética y desarrollo económico y social. Por ejemplo, es realmente paradójico que muchos niños sigan muriendo de frío en el sur, estando tan cerca de los yacimientos gasíferos que podrían generar fuentes de calefacción.

A más de eso, no deben soslayarse los estudios de impacto ambiental en el nuevo gasoducto, para evitar daños irreversibles en importantes reservas nacionales, como ha sido advertido.

El presidente Alan García ha declarado que tenemos suficiente gas en los lotes 88 y 56 (del Consorcio Camisea), además de los recursos en los lotes 57 y 58 de Repsol YPF y Petrobras. No obstante, ha aclarado también que el contrato de Camisea y la Ley General de Hidrocarburos establecen dar prioridad al mercado interno antes que a la exportación, así como la posibilidad de declarar en emergencia el gas, opción que no puede descartarse.

Otro problema que debe afrontarse con urgencia es el del transporte, dado que el actual diámetro y la capacidad del gasoducto han sido rebasados por la demanda interna y el volumen exportable. ¿Qué alternativas se están estudiando? Lo mismo aplica para los proyectos de exploración, que deben seguir incentivándose en todo el país para confirmar de modo contundente el nivel de reservas probadas.

A la espera de la redefinición de las reservas de Camisea, que el jefe del Gabinete ha prometido informar el próximo lunes, reiteramos las premisas básicas de la delicada situación actual: somos una potencia gasífera regional, la demanda nacional ha crecido y deben hacerse todos los esfuerzos para satisfacerla con prioridad. Es absurdo e inaceptable que hoy tengamos más de 10 empresas haciendo cola para pedir el gas que acá producimos.