Corrupción, Lucha anticorrupciónTras el estrepitoso fracaso de las iniciativas anticorrupción promovidas por los gobiernos en la última década, la Defensoría del Pueblo ha lanzado una campaña nacional orientada a prevenir, denunciar y sancionar las manifestaciones de esta lacra.

El lema ahora es no callar y erradicar la nefasta idea de que el negociado y la coima son condiciones indispensables de cualquier operación en las actividades políticas, económicas o jurídicas, como señala el informe de trabajo de la defensoría.

Ese debe ser el compromiso que asuman los ciudadanos, para no hacerse cómplices de maniobras oscuras ni dejarse intimidar por los corruptos que lucran con recursos de todos y causan pérdidas por más de 10 mil millones de dólares, además de debilitar la seguridad jurídica y espantar a los inversionistas.

Recordemos que, desde el gobierno de transición, cuando se creó la Iniciativa Nacional Anticorrupción como plan base del Plan Nacional Anticorrupción, hasta el actual que ha convocado al ex contralor Genaro Matute para abordar el problema, pasando por el nombramiento de un “zar” y una “zarina”, las entidades anticorrupción han sido más que todo anuncios gubernamentales efectistas que no llegan a nada, lo que constituye un escandaloso contrasentido.

¿Podrá la defensoría liderar esta lucha monumental, que exige necesariamente la colaboración de los otros poderes públicos, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde precisamente se dan los esquemas corruptos hasta ahora con alevosa impunidad?

La defensoría parte de un estudio riguroso, titulado “Defensoría del Pueblo: ética pública y prevención de la corrupción”, realizado entre enero del 2005 y julio del 2008. En dicho período se registró un total de 2.719 quejas contra la ética pública en cinco regiones, la mayoría de las cuales involucra hechos ocurridos en el sector Educación (1.026), gobiernos locales (734), el sector Salud (360), la Policía Nacional del Perú (308), el sistema judicial (152), el sistema penitenciario (60), etc.

Convencidos de que hay que empezar por cambiar de mentalidad, la defensoría ha iniciado el dictado de talleres y cursos de especialización en ética, transparencia y control en cinco regiones, que deben llevarse a todo el país.

Luego, se ha planteado una serie de atendibles propuestas concretas: se recomienda a los organismos electores dar directivas, pactos y códigos de ética para garantizar la legitimidad y la equidad en las contiendas; al sector judicial mejorar la eficiencia de los mecanismos de control, definir el perfil del magistrado y evaluarlo, así como publicar la trayectoria y las resoluciones de jueces y fiscales. A la PNP se le sugiere modernizar y simplificar procedimientos, así como afiatar la línea de carrera.

En general, se propugna fortalecer el marco normativo y la transparencia, así como implementar presupuestos participativos y portales web en todo el aparato estatal, lo cual es obligatorio pero se ha ido dejando de lado sin que las máximas autoridades sancionen a los responsables y transgresores.

Este programa Umbral Anticorrupción de la defensoría apuesta por el compromiso, la fiscalización ciudadana y el acceso irrestricto a la información pública en la administración estatal. Con su visión y liderazgo demostrados, esperamos que la defensora Beatriz Merino pueda convocar a las máximas autoridades de los poderes públicos en esta dura y larga tarea de desterrar la corrupción, la coima y la criollada, prácticas deleznables que pisotean la ley en una cadena de envilecimiento que finalmente termina afectándonos a todos.