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26 de mayo del 2012 | 19 °C
Por principio apoyamos toda iniciativa de integración, en el entendido de que lleva a resultados que superan la simple suma y terminan beneficiando a todos. Sin embargo, ello tiene que hacerse respetando un marco legal y unas reglas de juego claras, equitativas y legitimadas.
La acotación resulta pertinente ante el crucial acuerdo de integración suscrito por los presidentes de Brasil y del Perú, Luiz Inácio Lula da Silva y Alan García.
En síntesis, se contempla la construcción de plantas hidroeléctricas en nuestro país con capacidad de 6.000 megavatios y cuyos excedentes serán exportados a la potencia sudamericana. Sin embargo, es innegable que el acuerdo ha sorprendido a un gran sector de la ciudadanía y debe ser explicado al país en todos sus detalles, alcances y repercusiones.
Ante todo, resulta prioritario conocer los estudios técnicos que se han hecho sobre la capacidad hídrica y gasífera del país, así como los lugares exactos donde se construirán las hidroeléctricas, la naturaleza de las inversiones, así como el modo en que se calcula la porción de energía que se destinará al mercado interno y también a la exportación. Se señala que este convenio no incluye la hidroeléctrica de Inambari, que tiene sus propias características y es igualmente evaluada por ambos países.
Otro aspecto especialmente delicado, mencionado por ambos presidentes, es de la absoluta necesidad de implementar estudios medioambientales antes de ejecutar los proyectos mencionados.
Si bien el objetivo es lograr energías limpias y no contaminantes, lo que es destacable, precisamente por ello los procesos conducentes a su generación deben tener especial cuidado de no afectar las amplias reservas naturales y los hábitat que albergan especies únicas de la selva peruana.
Lo mismo pasa con las comunidades nativas que habitan esas zonas desde tiempos inmemoriales y que debieran ser no solo informadas, sino también consultadas, sobre proyectos que podrían afectar su entorno y sus medios de vida y supervivencia.
Entendemos el precio del progreso, pero esto tiene que ser cotejado con otras prioridades nacionales, regionales y también locales, en el más estricto sentido de la palabra, lo que debiera llevar a organizar audiencias explicativas, exentas de cualquier sesgo politiquero o ideológico. Solo así las comunidades podrán formarse objetivamente su propia opinión y expresarla formalmente a través de un proceso de consulta.
La integración peruano-brasileña, preñada de esperanza y desarrollo común, es un objetivo mayor que no puede ser desvirtuado. Debemos entonces aprender las lecciones del pasado reciente que, a un alto costo en vidas humanas y destrucción, nos dejó por ejemplo el conflicto de Bagua.
No se trata de ser alarmista ni menos tremendista, sino de evitar conflictos y considerar seriamente a todos los protagonistas a la hora de planear y ejecutar proyectos de exploración o explotación de recursos naturales, como los que se anuncia en el oriente peruano.