Es claro que los últimos procesos electorales del 3 de octubre pasado supusieron la puesta en marcha de una maquinaria extraordinaria en materia de planificación, organización y recursos. Sin embargo, más allá de imponderables fuera del control de la ONPE y del propio JNE, nada justifica lo dilatado del recuento de votos.

Dicho proceso debe acelerarse no solo porque es lo que corresponde después de lo ajustado de la elección en el caso de Lima Metropolitana, sino por la incertidumbre y tensión que esto está generando en la opinión pública.

La lentitud, evidentemente, tiene muchas causas. En primer lugar, estamos pagando las consecuencias de la falta de capacitación de los miembros de mesa que no supieron conducir los procesos ni rellenar cientos de actas (más de 1.300) que luego fueron observadas. El resultado: dos semanas, en el mejor de los casos, para saber quién es la alcaldesa de Lima.

Muchos miembros de mesa no asistieron a las charlas de orientación que impartieron los organismos electorales o tuvieron que asumir esa tarea de emergencia sin preparación, porque los titulares que resultaron sorteados simplemente no se presentaron a la hora pactada. La legislación permite que aquellos incumplidos miembros de mesa puedan sufragar, aunque también debería sancionarlos por irresponsabilidad cívica, por retrasar el desarrollo de los comicios e incluso ocasionar que otros no puedan votar.

Sin embargo, más inadmisible aun es que la ONPE no haya contado con un plan de contingencia. Si bien contrató personal adicional que, entre otras tareas, debía asesorar a los miembros de mesa y a los votantes, ese apoyo resultó insuficiente. Algunos ni siquiera conocían de las últimas disposiciones que, en una precipitación innecesaria, se dieron en el mes de agosto sobre la suscripción de actas, firmas y colocación de huellas digitales.

Lo sucedido resulta tremendamente aleccionador y, ante la inminencia de los comicios del próximo año, los organismos electorales deberían estudiar la posibilidad de que el personal de la ONPE asuma eventualmente las tareas de los miembros de mesa de ser necesario.

En tercer lugar, el retraso en el conteo de los votos habla de problemas tecnológicos graves que han reavivado el debate sobre el voto electrónico, que ya se aplica con éxito en otros países de la región. No obstante, sin ánimo de ser aguafiestas, tenemos derechos a ser escépticos y preguntar si estamos preparados para aplicar esa modalidad, sobre todo cuando no hemos podido resolver los vacíos del sistema actual.

Resulta un avance que la ONPE disponga ya de una plataforma que, según ha informado la señora Magdalena Chú, permitiría aplicar el voto electrónico en las próximas elecciones generales por lo menos en algunas jurisdicciones de manera experimental. Pero, del mismo modo, es necesario que cautelen varias cosas. Por ejemplo, debe garantizarse el voto secreto. El sistema plantea que la información no estará en red, con lo que se reduce la posibilidad de infiltraciones, ¿pero eso es suficiente? De otro lado, el voto quedaría registrado en una máquina que, cual cajero electrónico, imprimiría un voucher que se colocaría en un ánfora y que estaría disponible para cualquier contrastación posterior, ¿pero no estamos repitiendo el proceso actual?

La aplicación del voto electrónico exigirá una amplia campaña de capacitación para todos: ciudadanos, miembros de mesa (que no desaparecen en este proceso) y el propio personal de la ONPE. De lo contrario, será imposible cautelar sufragios correctamente ejecutados y, sobre todo, secretos.

Desde El Comercio no nos oponemos al voto electrónico. Por el contrario, nos parece un avance tecnológico importante que debe aplicarse de manera gradual y bien planificada.