El mundo acaba de vivir uno de los terremotos más aterradores de su historia. Las graves y mortales repercusiones en el Japón –epicentro del sismo y del subsecuente tsunami que se extendió en toda la cuenca del Océano Pacífico– ha puesto en evidencia que, si bien los sismos son fenómenos normales y es imposible predecirlos, lo inadmisible es que no estemos preparados para enfrentar sus devastadores efectos.

Los países que entraron ayer en alerta de tsunami, ubicados en el llamado Círculo de Fuego, entre ellos el Perú, pusieron a prueba sus servicios de emergencia y defensa civil.

El Indeci, el Instituto Geofísico del Perú, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra, así como los gobiernos locales y regionales respondieron prontamente al llamado del Centro Internacional de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Hawái. Se procedió a evacuar a las personas del litoral hacia zonas altas; y en Lima se bloqueó el acceso vehicular en la Costa Verde, los balnearios de Asia y Ancón, y en La Punta.

Sin embargo, mientras en La Punta la población actuó de manera planificada, dentro de la consabida organización del distrito, en Ancón muchas personas se volcaron a la playa para ‘observar el tsunami’, en una muestra más de irresponsabilidad, así como de falta de orientación e información sobre las consecuencias de un fenómeno de este tipo. Finalmente, no hubo daños considerables en nuestras costas. Pero, eso no debe hacernos pensar que ha pasado el peligro. Más allá de actividades esporádicas importantes, como el simulacro de hace algunos días, lo que nuestro país necesita es promover una política de prevención, mitigación de desastres y rehabilitación –con recursos suficientes para su financiamiento– e interiorizada por la población.

Esto trasciende a un sistema de alarmas –los sismos no avisan– e implica trabajar en varios campos, respecto de las vulnerabilidades del Perú y su ubicación en una zona geográfica expuesta a fallas geológicas que periódicamente seguirán generando terremotos de altas intensidades y magnitudes.

Por ejemplo, nada se ha hecho para ordenar la construcción de ciudades sobre suelos confiables ni para evitar edificaciones, que han proliferado sin seguir parámetros antisísmicos indispensables. Prueba de esta falencia se da en Pisco, donde se ha desaprovechado una magnífica oportunidad de levantar una nueva ciudad ordenada y segura. En general, se sigue construyendo casas sin columnas –cuando existen construcciones seguras de bajo costo–, en los lechos de los ríos o al mismo nivel de mar, cuando deberían ubicarse en zonas altas. ¡Y qué decir de las casas de Barrios Altos! Se desplomarían con un terremoto como este.

En lo administrativo, tampoco hay coordinación entre los gobiernos locales –cabezas del Sistema de Defensa Civil– y el propio Instituto de Defensa Civil, con lo cual el eslogan “Todos somos Defensa Civil” cae en saco roto. No se instruye y capacita en las escuelas sobre la prevención, antes de que estalle la crisis; ni se dispone de servicios médicos suficientes, para afrontar las consecuencias de un sismo.

Nos solidarizamos con los ciudadanos del Japón, que siguen llorando a sus muertos y tienen por delante la ardua tarea de levantarse y reconstruir nuevamente gran parte de su país.

En el Perú esperemos que lo sucedido haga reflexionar a este gobierno y al próximo sobre la deuda pendiente para poner los cimientos no solo de una cultura de prevención, que involucre a todos desde la más temprana edad, sino también de un sistema afiatado de planificación, mitigación y rehabilitación, con voluntad política, alta tecnología y logística de primera.