La comunidad internacional, y por supuesto los peruanos, observamos con justificada preocupación lo que está ocurriendo en Ecuador, donde el presidente Rafael Correa, al igual que su mentor Hugo Chávez, está usando y forzando mecanismos democráticos para acumular más poder y debilitar la institucionalidad democrática.

Lo último, en esta escalada típicamente autoritaria, ha sido la promoción de un referéndum y una consulta popular para aprobar enmiendas constitucionales y otros cambios, en una mezcla de temas y preguntas abigarradas y maniqueístas.

Pero, los resultados preliminares no son todo lo holgados que el oficialismo preveía, lo que debería hacer reflexionar al presidente sobre el mensaje que la ciudadanía le está haciendo llegar: a pesar de la aplastante propaganda oficialista, el pueblo aprecia los resquicios de libertad y equidad del sistema democrático. Por el contrario, el presidente no solo se ha permitido anunciar el triunfo del Sí, en una clara muestra de parcialidad, sino también acusar a la oposición de maniobras fraudulentas.

Ayer se suspendió el conteo de votos en varias circunscripciones, por discrepancias entre personeros de partidos, lo que revela también el grado de desorganización. Toca ahora a la oposición política corresponder a la alta votación y redoblar esfuerzos para unirse y luchar por el sostenimiento del equilibrio de poderes, el respeto de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Como buen émulo de Chávez, y como sus colegas del ALBA, Correa ha realizado seis consultas populares en los últimos años para, entre otras cosas, convocar una asamblea constituyente, refrendar la nueva Carta Magna y aprobar su implementación. Ha modificado así toda la estructura política nacional según su personal conveniencia. Asimismo, el gobierno ha aumentado su presencia, control y hasta intervención en diversos medios de comunicación y ha fundado otros nuevos para evitar las críticas y cuestionamientos. Además, ha denunciado judicialmente a periodistas y ha demandado indemnizaciones intimidatorias por más de US$80 millones, lo que ha aumentado la autocensura.

Con este mismo talante autoritario, las preguntas 4 y 5 del referéndum proponen modificar el Consejo de la Judicatura y crear un “consejo de judicatura de transición”, que en la práctica significaría intervenir el Poder Judicial con figuras que ya hemos sufrido los peruanos. Y la pregunta 4 de la consulta es, a todas luces, una amenaza a la prensa, al proponer que se cree “un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de comunicadores o los medios emisores”. ¿Suena conocido? Para los peruanos, esto trae reminiscencias del Sinamos velasquista y del copamiento de algunos medios por el montesinismo.

Toda esta situación ha acentuado la polarización en Ecuador, entre aquellos que apoyan al régimen y los que consideran, justificadamente, que se están vulnerando los derechos fundamentales y debilitando la democracia.

Al margen de los resultados finales de este referéndum, la experiencia ecuatoriana debe servir de ejemplo para toda la región y, en especial, para el Perú, a puertas de una compleja elección presidencial en segunda vuelta. Al tiempo de hacer votos por la estabilidad política y democrática del Ecuador, los peruanos tenemos que hacer un severo esfuerzo de reflexión para sopesar lo que está en juego y desmarcarnos de modelos autoritarios, estatistas, abusivos e intolerantes como el de Hugo Chávez.