90 días, por Ollanta Humala Tasso

Hoy cumplimos, Nadine y yo, tres meses de prisión “preventiva”. Sin acusación, sin que el fiscal haya encontrado un delito que sustente un presunto lavado de activos, sin poder ejercer nuestro derecho a una defensa conjunta, sin poder hacer nuestra vida política partidaria y, sobre todo, separados de nuestros hijos.

Con las consideraciones legales expuestas por la fiscalía, nadie podría estar preso hoy en día, pero, como señalan los juristas, “es un tema legal muy sencillo, revestido de una carga política y mediática muy pesada”.

Las amenazas públicas de congresistas contra miembros del Poder Judicial, de acusarlos constitucionalmente, cuando se discuten resoluciones a favor de la legalidad en nuestro caso, o el maltrato por parte de algunos líderes de opinión, atacándolos si no les gusta una resolución y “premiándolos” cuando se prestan con prontitud a intereses subalternos, son apenas una pequeña muestra.

El presidente del Poder Judicial dijo: “Si un funcionario declara antes que un juez resuelva, eso ya es presión”. Ojalá estas palabras fueran debidamente valoradas; y no participemos de un linchamiento político, no solo de un ex presidente, sino también de su familia. Para construir institucionalidad, se requiere ser justo y no débil.

Van 90 días y todo lo que se dijo para encerrarnos hoy se descubre como falso. Nuestras hijas regresaron de su viaje académico, cuando el fiscal señaló que “esas niñas jamás van a regresar”, generándoles un daño irreparable porque ellas consideran que su viaje gatilló esta situación. La Fiscalía de la Nación decía que se había “cerrado el círculo” y el fiscal a cargo no tiene ni siquiera los peritajes contables. Lo que sí tiene el fiscal son informes de todos los países que por Cooperación Internacional han confirmado que no existen cuentas, ‘offshores’, propiedades, empresas u ONG en ningún lugar del mundo, más que las cuentas de ahorros declaradas en Francia de cuando yo era agregado militar. Ni siquiera sabemos si podremos denunciar a esas personas que, por oscuros intereses, dicen cualquier barbaridad sin una sola prueba. Son intocables porque se llaman a sí mismos testigos protegidos y fueron utilizados por el fiscal para solicitar una medida excepcional como la prisión preventiva.

Hoy, con firmeza y tranquilidad, seguimos batallando. Hemos luchado contra la corrupción y nos ha faltado luchar más contra la corrupción en el propio Estado, pero esa tarea involuciona, se retrae, si encarcelas a gente inocente para hacerte de la vista gorda con los tiburones a los que nosotros sí nos hemos enfrentado.

Cuando el Partido Nacionalista y sus dirigentes fueron puestos en un marco de “organización criminal”, nuestros adversarios “saludaron” el abuso; ahora que a ellos les ponen el mismo marco se rasgan las vestiduras y amenazan a las instituciones con emplear su poder. Si alguna certeza nos han dejado todas las revelaciones periodísticas que se han difundido en los últimos meses, es que los delitos cometidos en contra del erario nacional tienen un formato idéntico. El soborno se paga a través de empresas ‘offshore’, cuentas en paraísos fiscales y adquisición de propiedades por parte de terceros, en una suerte de contorsionismo inmobiliario o pagando “conferencistas”. Eso, sin duda, es propio de una organización criminal, en la que nuestro caso no tiene ningún tipo de similitud. Ninguno de los casos vistos hasta ahora tiene alguna semejanza con la investigación que afrontamos. Sin embargo, en la tesis de la fiscalía, quienes debemos tener prisión preventiva somos nosotros, que no tenemos ni una sola denuncia por corrupción. Eso aquí, y en cualquier lugar del mundo, es un doble estándar de justicia.

Nosotros afrontamos la justicia para que la verdad sea dicha; pero el Poder Judicial debe saber que estamos privados de nuestra libertad hace 90 días, y a la espera de que se admita y resuelva el recurso de casación presentado por nuestra defensa.

Somos fuertes y estamos firmes. Tengo la fuerza suficiente para seguir luchando; pero la violación del derecho a la libertad en condiciones que obedecen a presiones políticas y mediáticas, más que legales, destruye todo lo que somos como sociedad y debilita nuestra democracia.