Módulos Temas Día
Módulos Tomas de Canal

El Acuerdo ¿Nacional? por la Justicia, por Armando Guevara

"Este Acuerdo Nacional tiene una falla de origen: ignora por completo a la justicia de paz, base de la pirámide judicial, y a la justicia especial".

Armando Guevara Profesor de la Facultad de Derecho de la PUCP

Acuerdo Nacional por la Justicia analizará informe de la OCDE

"El Acuerdo Nacional por la Justicia solo contiene dos menciones indirectas a la diversidad cultural y legal del país". (Foto: Difusión)

En noviembre del año pasado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos promovió la formación del Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ). Suscrito por el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Academia de la Magistratura y la ministra del ramo, este debe servir como un foro de coordinación interinstitucional para mejorar la atención a los justiciables, enfrentar la inseguridad ciudadana y luchar contra la corrupción. Para lograrlo plantea articular las políticas y decisiones de las instituciones del sistema estatal de justicia en una red de interoperabilidad. Hace unas semanas, el ANJ se reunió en Arequipa para evaluar la situación de la justicia peruana y trazar una Hoja de Ruta hacia el 2030. Ojalá que este nuevo intento de reforma tenga éxito y logre corregir los seculares males de la justicia oficial.

El problema, no obstante, es que este ANJ tiene una falla de origen: no es nacional, ni en su concepción ni en sus compromisos. Solo incluye a las instituciones de la justicia ordinaria, es decir, a las que integran el sistema estatal de justicia. Ignora por completo a la justicia de paz, base de la pirámide judicial peruana, y a la justicia especial, aquella que es administrada por las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, rondas campesinas y pueblos indígenas en sus ámbitos territoriales. Pese al reconocimiento constitucional de la justicia especial, el ANJ solo contiene dos menciones indirectas a la diversidad cultural y legal del país: la Academia de la Magistratura ofrecerá una “Diplomatura Internacional en Pluralismo Jurídico” y el Consejo Nacional de la Magistratura incluirá “parámetros relacionados con la pluriculturalidad y violencia de género” en sus procesos de selección y evaluación. El resto es silencio.

Un genuino pacto nacional debería incluir a estas dos esferas jurisdiccionales. El Poder Judicial reconoce, por ejemplo, la importancia de la justicia de paz y de la justicia especial. Por eso creó la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP) y acaba de publicar un valioso libro sobre ella (Escobedo, J., ONAJUP-PNUD, 2016). Además, su proyecto de justicia intercultural se expresa en la jurisprudencia y los plenos jurisdiccionales que reconocen facultades jurisdiccionales a las autoridades campesinas, ronderas e indígenas. Ello es así en el proyecto de ley de coordinación interforal presentado al Congreso el 2011, en el protocolo de coordinación entre la justicia ordinaria y especial que aprobó el 2014, y en el trabajo de la Comisión de Justicia Indígena y de Paz de la Corte Suprema.

La gravitación social de la justicia pedánea y especial es significativa. Mientras el Poder Judicial solo tiene 2.912 magistrados (9,44 jueces por cada 100.000 habitantes), los jueces de paz suman 5.830 a lo largo y ancho del país. Por su parte, la justicia especial se practica en los 55 pueblos indígenas identificados por el Ministerio de Cultura, en las 7.267 comunidades campesinas y 2.166 comunidades nativas reportadas por el Instituto del Bien Común, y en un número indeterminado pero importante de rondas campesinas. Por su parte, Laureano del Castillo y Pedro Castillo, del Centro Peruano de Estudios Sociales, estiman que las comunidades campesinas controlan más de 16.3 millones de hectáreas y tienen unos 4.5 millones de miembros, mientras las comunidades nativas se asientan sobre 7.1 millones de hectáreas y albergan a unas 260,000 personas (no hay proyecciones confiables sobre el número de ronderos). Aunque es difícil estimar la cobertura demográfica de la justicia especial, por el carácter caleidoscópico de la identidad étnica y cultural, sin duda tiende su manto sobre millones de peruanos. Por eso es importante que representantes de las comunidades, rondas y pueblos indígenas se integren al ANJ. Cualquier debate o medida sobre la justicia sin duda les concierne y resulta incompleto sin su participación.

Quienes deciden el rumbo político y legal del país muestran un gran desprecio por las autoridades de las comunidades, rondas y pueblos indígenas que administran justicia. Se van a cumplir 25 años desde que la constitución vigente le ordenó al Congreso la aprobación de una ley de coordinación entre ambos tipos de justicia, pero las iniciativas propuestas nunca han cuajado en un texto normativo. Y, ahora, el ANJ impulsado por el Ejecutivo las excluye totalmente. La articulación entre la justicia ordinaria y la especial es un imperativo no solo constitucional sino, sobre todo, social. Y en esta tarea, la justicia de paz debería ser considerada como una bisagra privilegiada para la articulación interforal.

Tags Relacionados:

Acuerdo Nacional

Leer comentarios ()

Hoy en portada

Subir
Fotogalerías