Amnistía en Las Bambas, por Romy Chang Kcomt

Recientemente, el congresista Richard Arce (Nuevo Perú) presentó dos iniciativas legislativas: un proyecto de ley que busca amnistiar a quienes participaron en manifestaciones de protesta social con ocasión del proyecto minero Las Bambas y un proyecto de reforma del Código Penal que pretende excluir del delito de extorsión los casos en los que –con violencia o amenaza– se obstaculicen vías de comunicación (carreteras) o se perturbe el normal funcionamiento de un servicio público, para obtener de las autoridades una ventaja indebida. En este proyecto también se contempla la modificación del delito de organización criminal, pretendiendo excluir de este concepto a los miembros de organizaciones sociales y sindicales, y a comunidades nativas y campesinas que realicen actividades ilícitas en el marco de un supuesto derecho a la huelga y a la protesta.

Resulta evidente que ambas iniciativas tienen como objeto evitar no solo que quienes participaron en las protestas sociales puedan ser sancionados por los delitos de extorsión y organización criminal (en su momento denunciados por el Ministerio Público), sino incluso que exista investigación penal alguna en su contra. La amnistía –a diferencia del indulto– no solo perdona la sanción por la realización de un delito, sino que va más allá, y supone el olvido y el perdón del acto delictivo en sí mismo. Por lo tanto, de prosperar este proyecto de ley, todos los comuneros involucrados en presuntos actos delictivos serían perdonados, pasando al olvido todas las manifestaciones violentas que, por meses, generaron caos y desorden en la población, las que ni siquiera darían lugar a una investigación penal.

En este contexto, ¿cuál es el mensaje que el congresista Arce quiere transmitir a la sociedad? Lamentablemente, los proyectos propuestos olvidan que las normas no pueden tener nombre propio; es decir, no pueden ser creadas pensando únicamente en las acciones realizadas por un grupo específico respecto a un hecho concreto, sino que deben ser generales y susceptibles de aplicación a toda la sociedad en su conjunto. Una norma pensada en estos términos parecería promover futuras situaciones de caos, al permitir deducir que cualquier reclamo social puede ser solucionado a través de la violencia o de la amenaza de obstaculización de una carretera o de un servicio público. Su aprobación no solo podría generar una nueva ola de reclamos violentos en Las Bambas, sino también la riesgosa despenalización de cualquier otro acto público de protesta que, con tal de conseguir sus objetivos, genere la toma de carreteras y la paralización de actividades económicas en el país.

No cabe duda de que estos proyectos normativos, de ser aprobados, generarían un retroceso sobre temas en los que el Estado ya había avanzado y en los que se venía trabajando desde el 2007, fecha en la que el bloqueo de carreteras se incorporó como supuesto comprendido en la extorsión. Si a esto le sumamos que estos proyectos de ley buscan, también, excluir del delito de extorsión hechos violentos realizados por personas que se hacen pasar por trabajadores de construcción civil, así como excluir del concepto de criminalidad organizada hechos delictivos que realicen las comunidades y organizaciones sindicales, podemos llegar a la conclusión de que las referidas propuestas, en lugar de contribuir a la lucha contra la delincuencia, la dificultan. Así, por ejemplo, el proyecto referido al delito de extorsión generaría que situaciones delictivas como el uso de “supuestos sindicatos de construcción civil”, creados con la única finalidad de extorsionar y exigir cupos en el sector construcción –que hoy se sancionan–, dejen de ser consideradas delito.

El Perú no necesita normas que generen mayor conflicto social, sino un trabajo normativo responsable que contribuya con el desarrollo y crecimiento de nuestro país, y que deje de lado intereses particulares. A la luz de lo expuesto, solo nos queda “rogar” para que estas propuestas no sean aprobadas por el Congreso.
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