Nueve partidos que superan el número mínimo de militantes propuestos no tienen representación en el pleno del Congreso. (Ilustración: Víctor Aguilar/El Comercio)
Nueve partidos que superan el número mínimo de militantes propuestos no tienen representación en el pleno del Congreso. (Ilustración: Víctor Aguilar/El Comercio)
Alicia del Águila

La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política presentó su informe el 4 de marzo. Es necesario reconocer la calidad de este importante trabajo, más aun tomando en cuenta el tan limitado tiempo del que dispusieron. Esta semana, el presidente de la República ha invitado al debate público y nos parece saludable hacerlo, siempre que se definan plazos concretos y razonables.

Esperemos que la mayoría de propuestas encuentren un consenso rápido. Por ejemplo, la eliminación de firmas de adherentes por requisitos de afiliación efectiva, así como disposiciones sobre democracia interna y financiamiento. Otras merecerán un mayor debate, como la elección de congresistas en segunda vuelta. A continuación, sugerimos cuatro criterios para la discusión, al tiempo que adelantamos algunas valoraciones sobre propuestas del informe.

Aportes con evidencia y análisis comparado: Es esencial ir más allá de opiniones sin sustento. En diferentes secciones, el informe contiene sustantiva evidencia y análisis comparado. Es interesante, por ejemplo, el análisis presentado sobre la bicameralidad (su problema es político, acaba de ser consultado vía referéndum). Ciertamente, no vemos un análisis similar en torno a la propuesta de elección de congresistas en segunda vuelta. En estricto, no hay ningún país presidencialista que elija a su Congreso de esa manera, al menos en América Latina y Europa. El único caso, aparentemente similar, sería Francia. Pero se trata de un sistema semipresidencialista, donde el jefe de Gobierno es el premier. La razón por la que se adoptó ese cambio en Francia fue para procurar evitar que el Ejecutivo tuviera presidente y premier de tendencias opuestas, problema que no se da en el Perú.

Una reforma con dimensión temporal: Creemos que puede agregarse en la discusión un orden temporal para algunas propuestas. Por ejemplo, las relacionadas a democracia interna, paridad de género y voto preferencial. Este último es un recurso ciudadano (usado en muchos países, desde Suecia hasta Chile) que en el Perú muchos valoran especialmente ante la precariedad y falta de democracia interna de los partidos. Recuerdo haber participado en mesas de diálogo fuera de Lima donde, ante la pregunta por el voto preferencial, varios manifestaban poder considerar su eliminación siempre que primero se asegurara una efectiva democracia interna. Siendo una condición, sería lógico debatirlo en un segundo momento, a partir de los resultados. No es difícil imaginar un debate en este Congreso, con una mayoría reacia a la paridad que la rechace. Así, podríamos terminar con un sistema aun menos inclusivo, sin paridad, democracia interna por verse y, sin voto preferencial, con un mayor control de las cúpulas partidarias.

Profundizar consultas ciudadanas (fuera de Lima): Para el poco tiempo del que dispuso la comisión, es valorable el nivel de consultas que realizó. Para este tiempo de debate propuesto por el presidente sería importante contar con otras voces. Por ejemplo, grupos ciudadanos fuera de Lima, incluyendo organizaciones indígenas. (Por cierto, es positivo que la comisión haya incluido el tema de la representación indígena. Una solución a su subrepresentación no es fácil, pero es un debate importante). Grupos que opinen sobre todo acerca de temas que les afecten directamente, como el no poder elegir a candidatos de organizaciones locales o provinciales. Especialmente, en los pueblos de mayoría indígena. En nombre del “fortalecimiento de partidos” lo que estaría promoviendo ese cambio que se aplicó en la última elección son “vientres de alquiler”. Ajenos totalmente, en el caso de pueblos indígenas, a sus demandas.

Discutamos los supuestos (diagnóstico): Esto nos lleva a un punto de fondo. La sección del diagnóstico se inicia explicando que en la década del 80 el Perú tenía un sistema de partidos “más representativo e institucionalizado que el actual” (p. 10). Creemos que esa foto es incompleta: hacia 1979, el Perú era uno de los países más excluyentes de América Latina (% de población inscrita en el padrón electoral). En Sudamérica, solo comparable con Ecuador. Con la diferencia de que el patrón de exclusión en el Perú superponía lo étnico y social con lo geográfico. Ese sistema de partidos empezó a tener problemas en los 80, en parte porque el desbordante incremento de ciudadanos con derechos políticos (por ejemplo, más del 300% en solo 15 años en Apurímac) evidenció su pobre enraizamiento. Además, es importante tomar en cuenta la fragmentación geográfica y sociocultural del país. Ciertamente, no se trata de perderse en largos debates histórico-sociales, pero sí partir discutiendo los supuestos de fondo (diagnóstico) y que tienen efectos sobre el modelo de reforma.