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Carta de Nadine Heredia a El Comercio

La ex primera dama escribe una carta con respecto a nuestro editorial 'Normas de conducta'.

Carta de Nadine Heredia a El Comercio

Carta de Nadine Heredia a El Comercio

La ex primera dama, Nadine Heredia, nos escribe con respecto a nuestro editorial 'Normas de conducta', publicado el 24 de marzo del 2017. Lea la carta completa aquí.

Señor Director:

Me dirijo a usted con relación al editorial titulado “Normas de conducta”, publicado en el diario de su dirección, edición del 24 de marzo último, cuyo texto contiene muchas inexactitudes, que no solo desinforman abiertamente, sino afectan mi honor. Sobre la mencionada publicación, procedo a precisar lo siguiente:

1. Como declaré oportunamente ante la fiscalía, el Partido Nacionalista del Perú no recibió aportes de campaña de origen ilícito de empresas venezolanas ni brasileñas, y no es verdad que a mi cuenta personal hayan ingresado US$215.000 de donantes no identificados. Todos los aportes recibidos para las campañas 2006 y 2011 fueron declarados ante la ONPE.

2. Calificar mi conducta como poco colaborativa y hasta obstruccionista en la investigación que menciona es arbitraria y poco informada. He concurrido a declarar todas las veces que fui citada por el fiscal y por el juez, cumplo rigurosamente todas las reglas de conducta, he brindado toda la información que me solicitaron, no interpuse ningún recurso dilatorio, y cuando el juez de la causa me ordenó retornar al país en el término de 10 días, lo hice al sexto, pese a la arbitrariedad de dicha disposición, que posteriormente fue dejada sin efecto por la Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial. Igual disposición vengo observando en la docena de investigaciones de carácter penal –algunas de las más inverosímiles– que he venido afrontando hasta hoy.

3. Respecto a las “agendas”, es público que esos documentos fueron sustraídos ilegalmente de mi domicilio, manipulados por numerosas personas, llevados al extranjero, retornados al país, ofertados y fotocopiados en múltiples ocasiones, y expuestos en los medios de comunicación. Cuando finalmente fueron entregados a la fiscalía, luego de más de 8 meses bajo el control absoluto de particulares, pude verlos físicamente, y por ello los reconocí ante el fiscal, como consta en la diligencia correspondiente. Así las cosas, no existen caminos sinuosos, sino la mayor colaboración, como ocurrió con el famoso peritaje, que se realizó después que yo reconocí los documentos en la fiscalía, y no antes como erróneamente lo sugieren.

4. Otro aspecto impreciso de su información está referido al intento de adulterar mi caligrafía. Dan por cierto un hecho que nunca ocurrió. El perito que en evidente exceso de función lo sugirió sin evidencia alguna ahora enfrenta un proceso penal por esa causa.

5. De otro lado, presumir secretismo en mi postulación a la FAO es arbitrariedad. Se trató de un asunto personal de carácter laboral, que no está sujeta a publicidad alguna, pues no hay norma que así lo disponga. En nuestro país no existe la obligación de hacer pública la postulación a un trabajo en el ámbito nacional o internacional, por tanto, ese proceso no puede ser calificado de secretismo.

6. Mi viaje al exterior del país no ha sido controversial como usted lo califica. Antes de viajar, personalmente informé al juez y al fiscal de su propósito, y enseguida lo formalicé a través de un escrito acompañando la documentación correspondiente. Además, la Sala Penal de Apelaciones Nacional, a través de la Resolución N° 9 del 10 de enero del 2017 (Expediente 249-2015-13), resolvió que mi salida del país no implicó una violación de la regla de conducta, porque para viajar fuera del país no requería autorización previa del juzgado.

7. La decisión de presentar una “tutela de derechos” por el uso de documentos ilegalmente sustraídos de mi domicilio no es una forma de evitar explicaciones sobre su contenido, sino el ejercicio de un derecho, por clara violación de un derecho fundamental. Es muy grave que en un Estado constitucional de derecho se introduzcan elementos probatorios con clara afectación al debido proceso. Por ello, no se trata de evadir la investigación, sino de respetar –garantía para todas las personas sin excepción– lo previsto en el artículo 2.10 de la Constitución Política del Perú, que dice: “…Toda persona tiene derecho al secreto e inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados… Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal…”.

8. Respecto a la confesión de Jorge Barata, se trata de una afirmación que debe ser corroborada con prueba idónea en la investigación fiscal. En lo que a mí respecta, niego haber recibido ese dinero, como lo han hecho también otras personas aludidas en su declaración. Los directivos de una importante empresa constructora de nuestro país han negado también otra imputación de Jorge Barata.

9. Finalmente, es importante precisar que la única razón por la cual cuestionamos el cambio de la regla de conducta por una más gravosa es porque la resolución del juez carece de fundamentación razonable, tal como lo dispone el inciso 5 del artículo 139 de nuestra Constitución. Un cambio de la regla de conducta solo se puede justificar cuando existen nuevas circunstancias o motivos que tengan la entidad suficiente para sustentarlo, que en este caso no existen.

El ejercicio del derecho a la libre expresión debe ser ejercido sin afectar la autonomía que por mandato constitucional tiene tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público.

Atentamente,

NADINE HEREDIA ALARCÓN

Respuesta de El Comercio:

Respecto del primer punto objetado por la señora Heredia, tal como informamos en febrero del 2015, según un informe de la UIF (051-2009-DA-UIF-SBS), Nadine Heredia ocultó la real procedencia de los depósitos por US$215.000 que recibió a su cuenta de ahorros en el Banco de Crédito del Perú. El caso de los donantes no identificados –observado por la ONPE en el 2011– no se menciona en el editorial. En cambio, sí el de aportantes que carecerían de respaldo económico.

Sobre lo segundo, la calificación tiene sustento en lo que se explica en el mismo editorial.

Respecto a las agendas en particular, la posición de la señora Heredia ha fluctuado desde una negación “rotunda” hasta aceptar su propiedad. Las agendas fueron hechas públicas en agosto del 2015 por el programa “Panorama”. Pero no fue sino hasta el 13 de noviembre de ese año que la señora Heredia aceptó la propiedad de los documentos. Y fue recién en abril del 2016, tras haber realizado la prueba grafotécnica el 20 de noviembre del 2015, que la ex pareja presidencial presenta una nueva versión: las agendas eran de "propiedad conyugal" y el contenido se trataba de disposiciones que el ex presidente Ollanta Humala le dictaba a Heredia cuando estaba al frente del partido.

En lo que refiere al intento de adulterar su caligrafía, lo concreto es que Víctor Vidal Prieto, uno de los dos peritos encargados de la prueba grafotécnica, declaró en febrero del año pasado: “desde que [Nadine Heredia] empezó a escribir nos dimos cuenta de que ese diseño caligráfico no correspondía a ninguno de sus patrones de variación”. Es en base a esta respuesta –y a otras más que dio en la misma entrevista– que se afirma lo expuesto en el editorial.

Sobre el secretismo que acompañó a su postulación a la FAO, cabe destacar que en noviembre del año pasado el canciller Ricardo Luna indicó que en la comisión de transferencia de gobierno no se informó respecto de las tratativas entre la ex primera dama y el organismo. Además, a través de su cuenta de Facebook, la señora Heredia manifestó en junio: "Permaneceré en el Perú y enfrentaré las investigaciones que se presenten”. Esto, sin embargo, se contradice con los planes que ya llevaba a cabo pues, como se conoció meses más tarde por correos electrónicos que la FAO ha reconocido como verídicos, la señora Heredia ya coordinaba su postulación con José Graziano Da Silva, director general de esa organización, desde febrero.

Que el viaje de la señora Heredia fue controversial es un hecho innegable. Tanto fue así que el gobierno incluso anunció que evaluaría retirar al representante del Perú ante la FAO. Por otra parte, el propio Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dijo a la prensa que el viaje podía entenderse “como una forma encubierta de eludir el proceso penal”. Y el ex procurador y presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, manifestó que “a todas luces resultó ser una provocación política”.

En el editorial no se ha discutido el derecho legal de la señora Heredia a cuestionar la validez probatoria de sus agendas, pero hacerlo en lugar de explicar su contenido sin ambages, sí revela una contradicción con la supuesta transparencia y colaboración que la ex primera dama pregona.

Con relación a la confesión del señor Jorge Barata, esta, en efecto, deberá ser corroborada, pero sí constituye un indicio adicional que contribuye en la hipótesis fiscal de los ilícitos que se le imputan a la ex primera dama.

El Poder Judicial deberá resolver autónomamente si hay motivos para cambiar las reglas de conducta impuestas a la señora Heredia. Pero los hechos que reseñamos en el editorial y que hemos tenido que recordar en la respuesta a la carta de la señora Heredia, no nos dan elementos para encontrar sustento a su solicitud.

El Comercio ofrece este espacio a los lectores para que expresen sus opiniones y denuncias. El Diario se reserva el derecho de editar las cartas por razones de espacio y claridad.

 

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