Cartas de Susana Villarán a El Comercio

La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán nos escribe con respecto a nuestro editorial “¿Sabe algo, señora Villarán?” publicado el 13de setiembre del 2017. 

Señor Director:

El 13/9/2017 se publicó el editorial en la página 2 del diario El Comercio, bajo el titular “¿Sabe algo, señora Villarán?”. Sobre la mencionada publicación paso a indicar lo siguiente:

Lo primero que sé y, estoy viviendo hace siete años, es una campaña de difamación y mal información permanente contra mi persona del grupo periodístico que ustedes dirigen. También sé que he sido el personaje público más investigado durante los últimos siete años en el Perú. Soy una persona limpia, que no le debe nada a nadie. Ahora bien, como ex alcaldesa de Lima, también sé mis derechos y obligaciones. Una de las obligaciones que tengo es responder a los cuestionamientos que se hacen, así que paso a responder a su editorial:

Rutas de Lima: Sé que no hubo ninguna coima en la entrega de esta concesión. No tengo ninguna relación, ni vínculo con las anotaciones aparecidas en el área de operaciones estructuradas de Odebrecht. Tampoco conozco al señor Marcelo Odebrecht. Nunca he recibido en mi oficina, ni he viajado, ni siquiera conversado con el señor Barata.

También sé que en esta concesión se cumplió a cabalidad con todos los aspectos legales. El Concejo Metropolitano lo aprobó en más de cuatro sesiones públicas en el 2012. Los números de ese año en la Municipalidad de Lima establecían un equilibrio económico-financiero para la concesión, que fue certificado por múltiples estudios técnicos. Finalmente, ahí están las obras financiadas por esta concesión: Alipio Ponce, Puente San Pedro, túnel Benavides, intercambio Alisos, intercambio 25 de Enero, intercambio Naranjal y, en construcción, el Derby y prolongación de la Ramiro Prialé, entre otras. ¿Dónde está el carácter lesivo de la concesión para Lima? Línea Amarilla: Heredé de la gestión anterior un contrato inviable con estabilidad jurídica. No había ninguna causal de resolución en ese momento, así que el 2011 decidimos seguir con el proyecto, a través de una adenda. Esta adenda mejoró el contrato, dándoles mayores compensaciones a la población afectada, y generando proyectos de mejoramiento urbano en el entorno de la vía en cuestión. Por lo demás, también sé que no hubo ninguna coima para la firma de la adenda. Sobre el túnel Línea Amarilla, los sucesos de crecida en el río Rímac en diciembre del 2012 no tienen relación alguna ni con la impermeabilidad del túnel, ni con el reconocimiento de una compensación por US$22 millones por ‘eventos geológicos extraordinarios’. Me llama la atención que El Comercio tome alegremente como ciertas las afirmaciones falsas de una empresa televisiva que hace años miente sobre mí y mi gestión. Eso no es buen periodismo. Respecto a la impermeabilidad, lo cierto es que el concesionario y la constructora actual (en este caso Graña y Montero), deben dar todas las garantías técnicas y financieras para que la obra concluya exitosamente. En cuanto al tema geológico, la compensación otorgada a la concesionaria (Invepar, no OAS) responde a la constatación técnica de que gran parte de los terrenos sobre los que se construye la vía y que no habían sido liberados eran rellenos sanitarios. Este tipo de suelos no eran aptos para soportar las estructuras de la obra, por lo que requirió de inversiones adicionales y constituyó un evento no previsto en los estudios iniciales. Costos que, como estipulaba el contrato firmado el 2009, debían ser reconocidos por la municipalidad. En mi gestión deje la obra con 70% de avance y financiada íntegramente, incluyendo todas las compensaciones a los más de 1.500 predios (incluyendo la población shipibo-conibo) y los mayores costos de la obra por riesgo geológico y sobrecostos de liberación de áreas. Nada de esto es ilegal. Al contrario, se hizo un gran esfuerzo por sacar el proyecto adelante. De otro lado, sobre el proceso de revocatoria en mi contra, ya he dicho públicamente y en el Congreso cómo se financió la campaña de este proceso electoral absurdo, a través de varios grupos ciudadanos que fueron oportunamente declarados ante el JNE. En todo caso, resulta curioso que, cinco años después, no se cuestione a mis oponentes del “Sí”, que presentaron cuentas por S/12.500. Y en todo caso, ¿alguien cuestiona por qué el Estado gastó S/200 millones en un proceso absurdo auspiciado por Marco Tulio, Malzon Urbina, Burgos y sus secuaces? Finalmente, soy la más interesada en que todos estos hechos se esclarezcan. Seguiré colaborando con la justicia y las instituciones comprometidas sinceramente en la lucha anticorrupción en nuestro país. No he cometido ningún acto ilícito, ni permitido ningún acto de corrupción en mi vida. Vivo en libertad y con la verdad de mi lado.

Atentamente,

Susana Villarán de la Puente
Ex alcaldesa de Lima

Respuesta de El Comercio

El silencio y las evasivas que comentamos en nuestro editorial sobre la señora Villarán son solo algunas de las más comunes herramientas a las que recurren ciertos políticos cuando enfrentan una imputación. Otra moneda corriente es la victimización. Frases conocidas como “la persona más investigada del Perú durante X años” se añaden ahora al repertorio de coincidencias que acercan a la señora Villarán a sus rivales políticos.

Y aunque saludamos que la ex alcaldesa de Lima haya respondido nuestro editorial, hubiéramos apreciado aun más que hubiera respondido las cuestiones que ahí se le plantean. Contrariamente a lo que señala la señora Villarán, este Diario ha tomado como fuente no lo afirmado por una empresa televisiva, sino las conclusiones textuales de la Contraloría General de la República respecto a la auditoría al proyecto Línea Amarilla. Como indica el informe del órgano de control, y no ha desvirtuado en su carta la señora Villarán, la aprobación del Estudio Definitivo de Ingeniería de la sección 2 de la concesión por parte de la comuna limeña “conllevó al reconocimiento y pago al concesionario de eventos geológicos extraordinarios” pese a que “dichos eventos geológicos calificaban como ordinarios y debían ser asumidos por el concesionario”. Dicha situación ocasionó un beneficio al concesionario de casi US$23 millones. Y si bien, como indica la ex burgomaestre, la compensación habría sido otorgada a la concesionaria Invepar, cabe resaltar que hasta finales del 2015 la constructora brasileña OAS tenía una participación de 24,4% en dicha empresa.

También textuales fueron las declaraciones de la señora Villarán en la Comisión Lava Jato, evidenciando un preocupante desconocimiento o falta de memoria sobre algunas fuentes de financiamiento de su campaña contra el revocatorio. Los intereses oscuros de los promotores del revocatorio, así como su irracionalidad –que han sido duramente criticados por este Diario, que editorialmente, además, expresó su rechazo al proceso de revocación– no la eximen de responder los válidos cuestionamientos que se le han formulado.

El Comercio ofrece este espacio a los lectores para que expresen sus opiniones y denuncias. El Diario se reserva el derecho de editar las cartas por razones de espacio y claridad.