La censura es un deber, por Ricardo Valdés

El general (r) Daniel Urresti debe ser censurado por el Congreso porque nunca se debió nombrar ministro del Interior, en primer lugar, a una persona que está siendo procesada penalmente por la salvaje muerte de un periodista. Si el presidente no ha subsanado el grave daño que con esto le ha causado a la imagen pública del funcionario peruano y del país, entonces el Congreso tiene el deber de enmendar dicho error político. Es incomprensible que la clase política peruana pase por agua tibia tamaño despropósito.

Entregar una posición de poder a una persona a la que juez y fiscal han encontrado mérito para procesar por su presunta complicidad en dinamitar y matar al periodista Hugo Bustíos es un contrasentido. Más aun cuando dicha posición es la del ministro del Interior, funcionario a cargo de garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos. Lo razonable políticamente, lo éticamente correcto y lo procesalmente justo sería que esta situación no dure ni un día más.

Pese a que este único argumento es suficiente para que proceda la censura y para que el Congreso no abdique del control político que por ley le corresponde, existen más razones para ello. En primer lugar, el ministro Urresti ha demostrado escaso interés en resolver los problemas de fondo de la seguridad. En un momento en el que más del 80% de los peruanos se siente inseguro en las calles y en sus casas, en el que los delitos contra la vida, el cuerpo, la salud, el patrimonio y la seguridad pública siguen incrementando, el ministro ha descartado modificar el régimen laboral de la policía, ha incumplido con las inversiones en infraestructura y comunicaciones, y no ha seguido el plan estratégico del Ministerio del Interior aprobado en julio del año pasado.

Asimismo, la censura procede por la actitud del ministro: el activismo y la presencia mediática, que algunos aplauden como eficientes, son tan solo efectistas. A Urresti únicamente le interesa promoverse a sí mismo, es intolerante con las críticas, tiende a tergiversar las cifras hasta el absurdo y se comporta más como un personaje de la farándula que como ministro del Interior. Incluso menosprecia el crecimiento de delitos como el sicariato y la extorsión, sin tomar en cuenta que cada día que pasa sin abordar los temas de fondo los delitos se incrementan (según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, los delitos han aumentado en un 30% desde el 2011). Todo ello pone en riesgo la vida y los bienes de los ciudadanos, además de crear un entorno poco favorable para la inversión y el crecimiento económico.

Por último, el pasado del ministro presenta algunos ángulos oscuros. Hay denuncias de congresistas y de otros personajes que lo ligan al montesinismo, así como acusaciones graves por parte de dirigentes mineros. Aunque estas no presentan pruebas, hay indicios razonables, como dirían los fiscales, para dudar de que contamos con un ministro con el perfil adecuado para enfrentar la corrupción policial y reformar la institución policial.

Mantener un ministro así es una irresponsabilidad. Ahora bien, ¿procederá la censura? Me temo que no. Algunos congresistas, precisamente en la interpelación al ministro, demostraron no estar a la altura de las circunstancias ni tener una preocupación verdadera con la inseguridad que tanto nos preocupa.