¿Cómo debe responder el Estado ante desastres?, por F. Ausejo

“Debe existir control y sanción para las autoridades políticas que usan el presupuesto para otros fines”.

¿Cómo debe responder el Estado ante desastres?, por F. Ausejo

“Los efectos de las lluvias han hecho visible a nivel nacional la precaria institucionalidad estatal para atender las emergencias”. (Foto: El Comercio).

En los últimos días, el Perú está siendo afectado por una anomalía climática que produce lluvias intensas y, con ello, la activación de quebradas que vienen afectando centros poblados y ciudades principales en la costa; desde Lima hasta Tumbes.

¿Qué debe hacerse para no repetir la situación? Primero, no puede ser que el presupuesto no sea utilizado para los fines de prevención; es decir, debe existir control y sanción para las autoridades políticas que usan el presupuesto para otros fines, porque su irresponsabilidad e incompetencia –por no decir corrupción– provoca la pérdida de vidas humanas y económicas.

Segundo, debe existir un acuerdo político entre los partidos para darle prioridad a una política pública que permita preparar al país para los efectos del cambio climático, y que esta trascienda los gobiernos. Tercero, debe establecerse una institucionalidad que haga posible el trabajo coordinado entre los ministerios y los niveles de gobierno; es decir, tienen que existir reglas para que los ministerios y los tres niveles gubernamentales (nacional, regional y local) puedan trabajar de forma conjunta entre sí. Lo que hoy sucede es que los ministerios trabajan de forma aislada y los gobiernos regionales no coordinan con el nacional, y el local tampoco coordina con el regional, lo que produce inacción o una respuesta parcial que no soluciona el problema concreto de las personas, a saber, la vulnerabilidad frente a las emergencias.

La decisión del gobierno nacionalista de cambiar las reglas de juego y crear nuevas organizaciones (CENEPRED, por ejemplo) asociadas al tema de gestión del riesgo de desastres naturales no estuvo acompañada de una estrategia que convierta las decisiones y los reglamentos en mecanismos concretos de acción para todos los involucrados. Lo que más bien provocó fueron vacíos, traslapes y redundancias en las responsabilidades y las acciones.

Este gobierno agudizó el problema al transferir el Indeci al Ministerio de Defensa, y los cambios recientes en la PCM –con la creación del Viceministerio de Gobernanza Territorial– han creado incertidumbre en términos de responsabilidades y mandatos. Por otra parte, debe permitirse la inversión en tareas de prevención, y no solo permitir el uso de los recursos para cuando surge la emergencia. Si bien es cierto han existido recursos para prevención que fueron ejecutados en años anteriores, estos han sido utilizados frente a la amenaza de un fenómeno de El Niño, pero, en realidad, la prevención no requiere de una situación inminente sino, por el contrario, la inversión debe ocurrir cuando no existe tal amenaza.

En relación a la atención de las emergencias, en la actualidad la responsabilidad principal frente a los efectos de un desastre recae sobre las Fuerzas Armadas pues es la institución que tiene la capacidad organizacional, logística, material y de personal para actuar. Por lo tanto, es necesario fortalecer la capacidad de operación de los institutos armados para actuar de forma rápida y oportuna frente a estas situaciones, y ello implica invertir en más y mejor equipamiento (helicópteros, aviones, camiones, embarcaciones) y en mejor preparación del personal para actuar en este tipo de situaciones. Las Fuerzas Armadas son las que tienen la posibilidad de actuar de forma rápida y efectiva, pero también es necesario contar con capacidades efectivas en los responsables directos de la defensa civil, como son los gobiernos regionales y locales. Y ello implica tener las mismas capacidades mencionadas a ese nivel.

Los efectos de las lluvias han hecho visible a nivel nacional la precaria institucionalidad estatal para atender las emergencias. La única manera de remediar esta situación es con voluntad política que se transforme en acción concreta de las entidades públicas involucradas y con una planificación de corto, mediano y largo plazo, y con la aplicación de un enfoque sistémico e integral en la acción del Estado, que implica liderazgo político y administrativo, así como también contar con los espacios para el trabajo coordinado y articulado. Y, por supuesto, los recursos económicos que financien la tarea. Pero, en realidad, esto es lo más sencillo; el verdadero desafío es la capacidad de gestión sostenida a lo largo de los próximos años.