Consejeros (¿versus?) instituciones, por Félix Puémape

Desde hace un par de semanas, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha ido nombrando a una serie de personalidades como consejeros presidenciales. Tal como desarrolló El Comercio la semana pasada, esta práctica no ha sido exclusiva del actual mandatario. Sin embargo, ¿los consejeros son imprescindibles en la acción de gobierno? ¿Cuán beneficiosa resulta su labor? Ensayemos un balance.

A diferencia de otras democracias en la región y en el mundo, en el Perú no hay patrones claros de carrera política. La mayoría de políticos que llegan al poder no han ocupado previamente ningún cargo de representación, por lo que no siempre saben qué políticas públicas implementar o cómo hacerlo (entendidas estas como soluciones precisas a los diversos problemas públicos). 

Piensen cuántos empresarios, periodistas o miembros de las Fuerzas Armadas (solo por citar algunos oficios) han llegado al poder desde inicios de la década de 1990. O, en su defecto, llegan al poder políticos que solo tienen un área de especialización. Véase el caso del actual presidente, además de ejercer el cargo de primer ministro, ha sido ministro en dos carteras “económicas” (Energía y Minas en el segundo gobierno acciopopulista y Economía y Finanzas durante la administración de Alejandro Toledo). Aunque su conocimiento sobre tales materias puede ser indiscutible, probablemente en otras sea limitado (por ejemplo, en las relacionadas con la multiculturalidad o la seguridad ciudadana). 

Ante estas carencias, muchos políticos ven la necesidad de rodearse de un grupo de ‘expertos’ en las materias que no dominan del todo para, con ello, poder formular políticas públicas integrales. De alguna manera, esto también permite brindar cargos a personas de confianza que, en un futuro, podrían ocupar puestos de mayor rango. Pese a su aparente necesidad en contextos como el peruano, el papel de los consejeros presidenciales dista de ser tan sencillo.

Así como no hay políticos de carrera que hayan estado en una serie de cargos y, con ello, puedan tener una mirada más completa respecto a qué hacer en más de un sector, en el Perú tampoco hay instituciones fuertes. Una de las evidencias más poderosas –entre muchas otras– ha sido la devaluación del poder de los funcionarios del Estado. Las instituciones garantizan la primacía del interés público y los funcionarios del Estado son los obligados a personificarlas y dar cumplimiento a ese mandato. Sin embargo, en muchos casos se han visto superados por intereses privados en la forma de empresarios mercantilistas, poderes ilegales o parientes del presidente, entre otros. 

Aunque los consejeros presidenciales pueden ser personas muy honorables, preparadas y útiles para contribuir a desterrar algunos sesgos que puedan existir en el equipo de gobierno y, con ello, ayudar a mejorar las políticas públicas a implementarse, también pueden contribuir a restar poder a los funcionarios. Especialmente a los ministros de Estado, que son los funcionarios estatales de mayor rango después del presidente (lo cual no sucede en democracias más consolidadas en las cuales también existe la figura del consejero). Más aun, hacen a los ministros más vulnerables frente a la oposición y a la ciudadanía, considerando que, a diferencia de ellos, los consejeros no están sometidos a la fiscalización del Congreso. 

Durante la campaña, ante las acusaciones de ‘lobbista’, el actual presidente se comprometió con una agenda institucionalista. Así, prometió que implementaría la Ley Universitaria, lucharía contra la minería ilegal y defendería las libertades de todas las personas, independientemente de su opción sexual, género o raza. Dicho esto, no hay nada más institucionalista que hacer a todos los miembros del gobierno fiscalizables y responsables de sus actos. No se trata de apartar a quienes puedan contribuir a mejorar el accionar estatal, sino a animarlos a que su aporte sea aun más útil.