Más crecimiento y menos desigualdad, por Kurt Burneo

Existe una tendencia, cuando se evalúa el grado de prosperidad de un país, en aludir al valor de los bienes y servicios finales generados en un período determinado: el famoso producto bruto interno (PBI). En el Perú, aun a tasas disminuidas, este ha venido creciendo. Se dice muy poco, sin embargo, sobre la evolución de cómo esa torta llamada PBI está siendo distribuida, al mantenerse una aún regresiva distribución del ingreso. 

Si tan solo consideramos el período luego de la ocurrencia de la crisis ‘subprime’, del  2009 en adelante, la economía peruana en términos acumulativos creció un 38%. En términos per cápita tenemos US$12.167. ¿Eso es mucho o poco? Depende con quién nos comparemos. Como nos hemos fijado como meta ser considerados elegibles en el mediano plazo para integrar la OCDE, es pertinente compararnos con esos países. El PBI per cápita promedio de ingresos medidos por paridad de poder de compra de las 34 economías que conforman la OCDE es de US$37.275. Es evidente entonces que existe una brecha de ingresos bastante importante. Sin embargo, la brecha es menor respecto a los dos países de menores ingresos en este organismo: Turquía, con US$20.188, y México, con US$18.370.

El punto a saber es si el Perú en cuanto a su tasa de crecimiento –hoy ralentizada a alrededor del 4%– ha superado lo que en la literatura económica se conoce como “la trampa del ingreso medio”; situación que ocurre cuando un país ya no puede seguir dependiendo de sus motores de crecimiento tradicionales  –exceso estructural de oferta de mano de obra con salarios bajos– para seguir creciendo. Esta trampa del ingreso medio podría limitar no solo la expansión del PBI, sino también la mejora de escenarios socioeconómicos futuros. Por ello, en un reciente estudio multidimensional de la OCDE se señala: “El Perú necesita encontrar nuevos motores para sostener su crecimiento futuro. Para escapar a esta trampa será necesario impulsar la productividad y la diversificación de la economía” (OCDE, 2014).

Para realizar lo anterior, esto es, tener una economía con más productividad y diversificación, hay distintas tareas pendientes. Quizá una de las más urgentes sea, por ejemplo, emprender la mejora continua en la calidad de lo que producimos, y así ser más competitivos y comenzar a revertir el actual déficit comercial de US$1.200 millones que tenemos frente a las 21 economías con las que hemos suscrito tratados de libre comercio.

Por otro lado, si bien nuestra economía se expandió en términos acumulados en 38% en los últimos siete años, la desigual distribución del ingreso, medida a través del coeficiente de Gini, se mantuvo casi intocada, en tanto pasó del 0,47 a 0,44. Ello pese a que la pobreza se redujo de 33,5% a 21,7% y la pobreza extrema de 9,05% a 4,07% en el mismo período. El caso es que una parte gravitante de estas reducciones (casi 70%) se explica por el accionar de programas sociales de corte fundamentalmente asistencialista, estando aún pendiente el desarrollo de una siguiente etapa que consiste en adoptar un carácter productivo; lo cual haría menos probable que los beneficiarios de estos programas retornen a la pobreza o a la pobreza extrema.

La forma sostenible de salir de la pobreza es a través del surgimiento de mayores oportunidades de empleo de calidad. Allí está el gran reto, si consideramos que el 70% del mercado laboral es informal con baja productividad. Si sabemos que la demanda de empleo depende del nivel de actividad de las firmas y del sector económico en el que operan, resulta evidente que son las políticas micro y macroeconómicas las que deben de promover no solo mayor competitividad en las empresas, sino también aquellos sectores que además sean más intensivos en mano de obra. La inacción al respecto por el lado de políticas públicas garantiza el cuadro de vulnerabilidad antes descrito. 

Finalmente, y no por ello menos importante, se requieren políticas públicas orientadas hacia una menos regresiva distribución del ingreso que no solo tendrían un objetivo social de menor inequidad, sino que también facilitarían una mejor performance de la política macroeconómica, puesto que al ser los estratos socioeconómicos de menores ingresos los que tienen muchas necesidades insatisfechas, ellos tendrían una mayor propensión a consumir, con lo cual los multiplicadores de gasto asociados serían mayores, lo que potenciaría la eficacia de la política macroeconómica. Revertir la desigual distribución del ingreso no es un tema solo de ética. Macroeconómicamente también lo es.