El titular de la contraloría ya es investigado por el Ministerio Público por la presunta retribución económica irregular que habría obtenido una ex funcionaria de su institución. (Foto: El Comercio)
El titular de la contraloría ya es investigado por el Ministerio Público por la presunta retribución económica irregular que habría obtenido una ex funcionaria de su institución. (Foto: El Comercio)
Omar Narrea

Entre el 2011 y el 2017, el presupuesto de la aumentó en 96% hasta llegar a S/538 millones anuales. Se trata de un aumento muy superior al del presupuesto total de la nación, que lo hizo en 61% durante el mismo período. Esos mayores recursos se han traducido en un fortalecimiento institucional, como lo puede atestiguar el recientemente inaugurado local de la Escuela Nacional de Control. Sumado a esto, las facultades asignadas a este importante órgano también han crecido.

Como cabeza del sistema de control, con la Ley 29622 se ampliaron las facultades de la contraloría para sancionar en materia de responsabilidad administrativa. Bajo el reglamento aprobado en el 2011, en una primera instancia, se realizan las investigaciones a servidores públicos que cometan faltas para proponer infracciones que luego un órgano independiente sancionará. En segunda instancia, de existir apelaciones, el Tribunal Superior de Responsabilidades da la sentencia definitiva.

Según las cifras de su página web, como producto de esta facultad, se ha sancionado a 577 y 786 servidores públicos en el 2016 y 2017, respectivamente. Alejándonos del clamor popular que saluda entusiastas medidas correctivas en un contexto de justicia fuera de tiempo e impunidad, hay que preguntarse si realmente estas cifras expresan un logro en términos de gestión pública.

El punto clave es aceptar que el sistema de control no opera en el vacío y, por el contrario, afecta a los otros diez sistemas administrativos del Estado. De manera especial hay que analizar sus efectos sobre el sistema de recursos humanos comandado por Servir.

Ciertamente, los instrumentos de control influenciarán de manera positiva en el comportamiento de los funcionarios para que piensen dos veces antes de cometer alguna falta. Pero como todo procedimiento adicional en una burocracia kafkiana, también puede consumir el tiempo de los equipos y desincentivar el ingreso de nuevos servidores públicos motivados por la labor técnica y no por la administrativa. Para contribuir a un Estado eficiente y promotor de la gobernabilidad, es válido que la contraloría evalúe cuántas horas-hombre se invierten en un año para resolver estos procedimientos.

Con la iniciativa legislativa de la contraloría de exceptuar de la defensa legal a los funcionarios en los procesos, investigaciones y procedimientos iniciados a raíz de las recomendaciones de los órganos de control, se subraya la colisión con Servir. Tomando en cuenta que la actual legislación protege las finanzas del Estado al indicar que, al demostrarse responsabilidad, los servidores tienen que reembolsar el costo del asesoramiento, no se entiende el beneficio extra de tal medida.

Por el contrario, se trata de un fuerte desincentivo para la carrera pública. A diferencia del sector privado, exponerse a demandas de los actores afectados por las decisiones públicas es parte del quehacer del servidor a medida que avanza en sus cargos. Desampararlo ante una burocracia que va a regular todos sus procederes va a alejarlo de la función pública, dejando los cargos hacia los servidores menos adversos a tomar los riesgos que conlleva la gestión. Esta medida termina aumentando la vulnerabilidad de los funcionarios ante la toma de decisiones.

Los retos que imponen el proceso de reconstrucción o los megaproyectos necesitan de funcionarios que impulsen buenas políticas públicas. Esto se genera cuando los sistemas administrativos se diseñan para facilitarles su gestión.

El constante incremento de recursos ha dotado a la contraloría de una institucionalidad renovada que le permite luchar contra la corrupción y así ser un aliado clave de los buenos gestores. Distraerse de estos objetivos por colisionar con otros sistemas administrativos para demostrar el poder del control no solo afecta la gestión pública, sino la gobernabilidad de un país que clama un Estado que esté presente y funcione.