Debate: ¿Reubicar los centros de rehabilitación juvenil?

A FAVOR

Una bomba de tiempo

- Eduardo Javier Bless Cabrejas -

Alcalde de San Miguel

De una rápida revisión de los hechos ocurridos en la última década, el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como Maranguita, es un ejemplo de la sombría estadística de amotinamientos, reyertas, fugas, balaceras, incendios, maltratos y pésimas condiciones de habitabilidad. Las instalaciones no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad, servicios básicos y salubridad. Además, existe una sobrepoblación de internos que supera cuatro veces la capacidad: más de 1.200 internos en su mayoría menores de edad. Este ejemplo nos demuestra que sí se deberían reubicar los centros de rehabilitación juvenil a las afueras de la ciudad.

El impacto que genera un centro en la ciudad es muy peligroso, pues en varias oportunidades los internos que se fugan ponen en grave riesgo a los vecinos de las zonas residenciales que lo rodean. Asimismo, es preocupante que exista un solo personal de seguridad por cada 50 internos. Esto evidencia la zozobra que existe en los pabellones. A todo ello, se suma la antigüedad de la infraestructura. Por ejemplo, Maranguita fue construido a inicios de la década de 1940. Entonces era administrado por diversas instituciones, sin embargo, su decadencia fue a comienzos de 1990, con la administración del Poder Judicial (PJ). Durante este período se convirtió en una bomba de tiempo.

Por ello, desde este año la Municipalidad de San Miguel ha tenido reuniones con el presidente del PJ para solicitar el traslado del centro a las afueras de la ciudad. No obstante, mientras se espera la reubicación, corresponde verificar las condiciones de las instalaciones. Sobre todo, para que se cumpla con los requisitos mínimos de seguridad en defensa civil, pues el artículo 10 del Decreto Supremo 066-2007-PCM, no lo excluye ni lo exonera de contar con inspecciones técnicas. Lamentablemente, autoridades, específicamente el director del centro y el gerente general del PJ prohíben el ingreso del personal de defensa civil de la municipalidad, señalan que siguen disposiciones superiores. Por ello, ante una segunda negativa de estas autoridades, el municipio inició un procedimiento sancionador el lunes 22. Esperamos que las autoridades del PJ tomen conciencia, se pongan a derecho y valoren la vida de los jóvenes internos que se encuentran en condiciones extremas. De igual manera, el municipio pondrá en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, de la Comisión de Justicia del Congreso y de los más altos niveles las dificultades que se presentan.

En ese sentido, el centro de rehabilitación debe contar con una infraestructura moderna, segura y ubicada en un lugar en el que no ponga en riesgo a los internos ni a familias inocentes, como sucede actualmente. Debe ser un lugar en el que se practiquen realmente políticas de rehabilitación, pues el PJ debe y puede conseguir los espacios adecuados para el bienestar de todos.

Finalmente, es importante que las autoridades del Estado, en sus tres niveles de gobierno, prioricen esta preocupante realidad antes que culminen su mandato, con decisiones apropiadas como la reubicación de los centros. De igual manera, la sociedad civil organizada debería pronunciarse y hacer escuchar su posición, a través de los municipios, que son el canal de representación de los ciudadanos para que en conjunto logren este tipo de beneficios.

EN CONTRA

Importante vs. prioritario

- Véronique Henry -

Jefa de la delegación en el Perú de la Fundación Tierra de Hombres 

Si bien entendemos que el deseo de reubicar los centros de rehabilitación juvenil fuera de las zonas urbanas, expresado por muchos vecinos y algunos alcaldes, responde al temor legítimo de que la seguridad y el bienestar puedan ser afectados por la violencia a menudo generada en estos centros o sus alrededores, creemos que su reubicación es importante, pero no prioritario. 

La preocupación de fondo debería ser, más bien, si la calidad de la intervención que se da a los adolescentes que han cometido infracciones penales es correcta. También si se cuenta con la capacidad de atención adecuada (tanto en infraestructura como en materiales y recursos humanos). Más que reubicarlos, lo importante es utilizar estos centros tal como la legislación nacional e internacional lo establece: como último recurso y solo en casos de infracciones graves. 

Si tenemos centros sobrepoblados, donde una proporción significativa de adolescentes carece de motivos para estar internada dadas sus características (menor gravedad de la infracción cometida y altas probabilidades de reinsertarse), se impide así una intervención adecuada y eficaz, lo que propicia mayor violencia. Para reducir y modernizar los centros juveniles, se necesita que los casos de menor gravedad sean tratados por medidas no privativas de libertad, tal como lo viene haciendo el Ministerio Público en varios distritos de Lima y en diversas regiones bajo el programa nacional de Justicia Juvenil Restaurativa o los servicios de orientación al adolescente (SOA).

Así, y solo así, los centros privativos de libertad llegarán a ser lo que deben ser: lugares con una población reducida, una infraestructura adecuada y recursos humanos especializados (incluidos profesionales en salud mental, adicciones, etc.). Ello permitiría un impacto real sobre la vida del adolescente y una alta posibilidad de reinsertarse en la sociedad. No olvidemos que la violencia tantas veces vista en estos centros es generada por el hacinamiento, la pobre infraestructura y la falta de un tratamiento especializado. Este problema se extiende a las proximidades del centro, cuando suceden motines, evasiones, etc. 

Por ello, insistimos en que, más allá de la reubicación de estos centros, los esfuerzos se deben centrar en prevenir la violencia de manera temprana y oportuna. Interviniendo a los adolescentes que se encuentren en conflictos con la ley de manera diferenciada y especializada, a través de una política integral e intersectorial, tal como lo propone el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, elaborado en el 2013 y actualmente implementado en unos pocos distritos del país. 

Si no se tratan estas medidas, trasladar los centros a zonas rurales no haría más que cambiar un problema en lugar de solucionarlo. Es decir, trasladar la preocupación en lugar de prevenir la exclusión social, la marginalización y la violencia, de las cuales estos adolescentes han sido y son víctimas antes de ser responsables. Si queremos un Perú libre de violencia e incluyente, la alternativa más prometedora es, sin duda, la implementación real de las políticas públicas mencionadas, con su respectivo financiamiento por parte del Estado.