¿Debe regularse el transfuguismo?, por Ignazio De Ferrari

en las últimas dos semanas el transfuguismo ha vuelto a ocupar las primeras planas de los medios nacionales. La salida de Yeni Vilcatoma de Fuerza Popular y el proyecto de ley que busca desincentivar los cambios de bancadas han puesto el tema en el mapa.

Según el proyecto aprobado en la Comisión de Constitución, los congresistas disidentes no podrán integrarse a otro grupo parlamentario ni formar uno nuevo. Al no pertenecer a una bancada, tampoco podrían integrar la Mesa Directiva ni dirigir comisiones ordinarias. Se busca, en definitiva, que los legisladores se mantengan en sus grupos originales. La teoría dice que al abandonar el partido con el que fueron elegidos, los tránsfugas traicionan el resultado de la elección popular y, en consecuencia, cambian la correlación de fuerzas en el Parlamento. Sin embargo, esa es la teoría. En nuestra democracia pospartidos, el panorama real es algo distinto. 

Empecemos por el mandato electoral. No es novedad que en el Perú la gran mayoría de votantes elige a sus representantes más por lealtades individuales que partidarias. Difícilmente podría ser de otra manera. Los partidos carecen de ideologías claras y programas bien definidos. A eso se suma el voto preferencial, que personifica las elecciones legislativas. En un contexto institucional que alienta la política individualizada, quitarle derechos políticos a un congresista elegido por la conexión directa con sus votantes implicaría un quiebre del mandato electoral.

Dejaría a ese votante con un representante de segunda clase.
La culpa de la precaria institucionalidad partidaria la cargan en gran medida las propias organizaciones políticas. Son esas organizaciones las que elección tras elección escogen a dedo a sus candidatos y plagan las listas de ‘invitados’ –por ejemplo, Vilcatoma–. Los partidos son responsables de qué candidatos presentan y el proyecto de ley en discusión los premia por elegir mal al forzar una lealtad partidaria donde nunca existió realmente una.

Pasando a la correlación de fuerzas, la teoría dice que si las bancadas se mantienen tal cual fueron elegidas, se respetan las constelaciones de poder surgidas de la elección. Formalmente es así, pero la realidad es que no se puede forzar a un legislador a obedecer las consignas partidarias. Un congresista que está distanciado de su grupo puede votar de manera distinta a su bancada. Peor aun, ‘obligarlo’ a mantenerse en un grupo parlamentario en el cual no quiere estar puede generar incentivos para crear una bancada informal con miembros de su grupo original, o con disidentes de otros partidos. Estas bancadas informales restarían aun más transparencia a un Congreso tristemente célebre por los otorongos y las repartijas.

Finalmente, están los acuerdos bajo la mesa. En años recientes se han presentado numerosos episodios en los que el Congreso ha hecho espíritu de cuerpo ante evidencias claras de malas prácticas y hasta corrupción. Solamente en los primeros cuatro años del quinquenio pasado, se presentaron 314 denuncias ante la Comisión de Ética, de las cuales 26 llegaron al pleno y 18 concluyeron en sanción efectiva. Si el proyecto de ley prospera, un congresista que se rehúse a hacer espíritu de cuerpo renunciando a su bancada, perdería algunos derechos políticos.

En resumen, el nuevo proyecto de ley busca forzar una lógica de unidad partidaria donde las condiciones mínimas para ser un partido político funcional no existen. En una democracia de liderazgos individuales los incentivos más fuertes para mantenerse unidos son de tipo político y no necesitan regulación. Si el presidente es popular, es muy probable que su bancada no se quiebre. Si los grupos de oposición cuentan con candidatos presidenciales viables, también permanecerán juntos. Podemos cuestionar si son los incentivos más sanos, pero es lo que la realidad parece dictar. Si, en vez, queremos verdaderas identidades partidarias, tenemos que repensar la naturaleza de nuestros partidos.