Derogar y boicotear, por César Bazán Seminario

“¿Cómo revalorar la función policial si no se puede sancionar a oficiales y suboficiales que mellan valores institucionales?”

Derogar y boicotear, por César Bazán Seminario

“¿Se ha construido un sistema disciplinario que sirva para proteger los valores institucionales y juzgue efectivamente las infracciones a la par que respete los derechos de los policías?”. (Ilustración: Giovanni Tazza).

César Bazán Seminario

La fujimorista Comisión de Constitución del Congreso ha propuesto al pleno la derogación del Decreto Legislativo 1268 que regula la disciplina policial. Este es un acto sumamente irresponsable y voy a explicar por qué.

Una de las primeras lecciones que nos enseñan en la facultad de Derecho es que la derogación de una norma no “revive” las normas anteriores. ¿Qué significa eso? Que una eventual derogatoria del Decreto Legislativo 1268 no “revivirá” el Decreto Legislativo 1193 del 2015 ni el 1150 del 2012 que fueron dictados por el Nacionalismo para regular la disciplina policial. En consecuencia, no habría ley y –esto es importante para esta subárea conocida como derecho disciplinario– sin ley es sumamente complicado, casi imposible, sancionar administrativamente algún acto de indisciplina de los oficiales y suboficiales en actividad.

Según un reporte de Inspectoría del Ministerio del Interior del año pasado, maltratar física o psicológicamente a sus parejas y parientes, ingerir alcohol portando el arma de reglamento y solicitar coimas fueron las faltas más frecuentes sancionadas entre agosto del 2015 y marzo del 2016. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo consigna que entre el 2004 y el 2008 la mayor parte de las sanciones por faltas graves a oficiales se impusieron por fracasar en el cumplimiento de la misión por desidia, imprevisión o carencia de iniciativa y por contraer compromisos económicos que exceden su capacidad afectando al personal policial que actúa como garante.

Si llegase a triunfar la tesis fujimorista a favor de la derogatoria, la Policía Nacional del Perú (PNP) estará en graves problemas para sancionar actos como los descritos. Sin ley ni reglamento ¿cómo controlar la indisciplina policial? ¿Cómo revalorar la función policial si no se puede sancionar a los oficiales y suboficiales que mellan valores institucionales? A ese callejón sin salida estamos avanzando.

Si bien el Decreto Legislativo 1268 y su reglamento significan un sustantivo avance normativo en el diseño del sistema disciplinario policial, aún pueden debatirse temas como la relación entre el listado de conductas sancionables y los valores institucionales, la persistencia de amplias causales de sanción, la duplicidad de funciones de órganos disciplinarios, el papel que le corresponde a los civiles para controlar la corrupción policial, etc. Incluso podríamos ir más allá y debatir cómo construir una PNP con identidad propia, menos militarizada, y de qué manera darle un carácter más civil resguardando los valores institucionales y la disciplina. O podríamos hablar sobre cómo proteger mejor la independencia de los inspectores y funcionarios, muy permeable aún a las presiones de mandos civiles y policiales.

Sin embargo, todo apunta a que no habrá un real debate congresal. La consigna es derogar. Si el principal problema del actual régimen disciplinario policial fuera el trato diferenciado que se le da a la PNP con respecto a las Fuerzas Armadas (puesto que la primera no tiene doble instancia y las segundas sí), entonces el fujimorismo hubiera resuelto las cosas de otra manera: proponiendo incluir la doble instancia. Pero no fue así, se impuso el derogar.

Si tocase responder ese único argumento, cabría decir que estamos frente a la poco sana tradición de comparar a la PNP con las Fuerzas Armadas. Cada una de estas instituciones tiene naturaleza e identidad propia y no son equiparables.

La discusión no debe traducirse en: ¿los efectivos de la PNP tienen reglas iguales a la milicia? El centro del debate debería darse en torno a la pregunta: ¿se ha construido un sistema disciplinario que sirva para proteger los valores institucionales y juzgue efectivamente las infracciones a la par que respete los derechos de los policías? Ese es el punto central, el mismo que no es materia de atención, porque la consigna del fujimorismo parece ser otra, la que titula el artículo. 


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