Módulos Temas Día
Módulos Tomas de Canal

Esterilizaciones forzadas: Una verdad y dos mentiras, por Christina Ewig

“No se puede trasladar la responsabilidad total del Gobierno Central a los médicos tan fácilmente”.

Christina Ewig Profesora de Políticas Públicas de la Universidad de Minnesota

Giovanni Tazza

¿Existió una política pública de esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori? (Ilustración: Giovanni Tazza)

¿Existió una política pública de esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori? (Ilustración: Giovanni Tazza)

¿Existió una política pública de esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori? (Ilustración: Giovanni Tazza)

El libro de María Cecilia Villegas “La verdad de una mentira: el caso de las trescientas mil esterilizaciones forzadas” ha generado gran discusión entre quienes ven este hecho como emblemático de la violación de derechos humanos durante el régimen de Alberto Fujimori y quienes piensan que el tema ha sido sobredimensionado. Es hora de evaluar el libro en base a su contenido y a su rigor académico.

Villegas presenta su libro como un análisis de políticas públicas con tres argumentos centrales. El primero cuestiona el eslogan “300.000 esterilizaciones forzadas”; el segundo desplaza la responsabilidad de los abusos cometidos por los funcionarios del Gobierno Central a los médicos; y el tercero postula que el cambio de posición de las feministas, grupos de derechos humanos y partidarios de la izquierda, de apoyo al Programa de Planificación Familiar al de antagonismo en concierto con la Iglesia Católica, fue resultado de su oposición al régimen de Fujimori y, en el caso de las feministas, debido a su resentimiento por su supuesta pérdida de influencia en el área de salud reproductiva. Por estos motivos, estos grupos habrían construido un “mito” acerca de las esterilizaciones.

Villegas afirma que ofrece “evidencias concretas” en un debate que, ella sostiene, ha devenido en “posverdad”. Sin embargo, de los tres argumentos, solo ofrece evidencia para uno.

La autora tiene razón respecto a que el eslogan “300.000 esterilizaciones forzadas” carece de evidencia. No cuestiona que ocurrieran en este período 272.028 esterilizaciones a mujeres pobres e indígenas pero, citando a la Defensoría del Pueblo, afirma que no todas fueron forzadas. Este es un hecho conocido: hubo mujeres y hombres que optaron por la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV). Pero ello no reduce la gravedad de los entre 600 y 10.000 casos (números que varían dependiendo de la fuente gubernamental) de esterilizaciones sin consentimiento o con problemas serios en la obtención del consentimiento o cirugías en terribles condiciones. Villegas reconoce estos problemas parcialmente pero su énfasis en argumentos como “mitos” y “posverdad” intenta reducir su importancia.

El libro carece de evidencias para los otros dos argumentos. Sus fuentes no sostienen que la oposición de las feministas al programa se debiera a que perdieron influencia en el sector o a razones políticas. La autora califica de ejemplares las políticas oficiales (escritas) del gobierno y rechaza que los médicos fueran presionados con cuotas de productividad basándose en que no había ningún despido para evidenciarlo y, así, transfiere la responsabilidad central a los médicos y la falta de monitoreo. Este argumento ignora las pruebas sobre otras formas de presión que varios investigadores hemos revelado, así como dos aspectos claves: que los documentos escritos no son la única fuente de una política pública y que las políticas interactúan con otras políticas y prácticas durante su implementación.

Como explico en “Neoliberalismo de la segunda ola”, en esa época había un cambio de política laboral en el sector Salud: de puestos “nombrados” con estabilidad laboral se pasó a puestos “contratados” de corto plazo con renovación basada en productividad. La forma de medirla era a través de cuotas para todo tipo de servicio (no solo la AQV). La ausencia de estabilidad laboral, las presiones por productividad, y el énfasis (desde el propio presidente) en las AQV se combinaron para ejercer presión. La responsabilidad del personal de salud al violentar los derechos de las mujeres es evidente y su conducta fue reforzada por la persistencia del racismo y sexismo en la sociedad peruana. Mi argumento es que es responsabilidad de quienes dirigen las políticas públicas reconocer cómo estas interactúan entre sí, así como con prejuicios preexistentes. Por eso, no se puede trasladar la responsabilidad total del Gobierno Central a los médicos tan fácilmente.

Finalmente, Villegas repite los viejos argumentos sobre la necesidad de manipular a la población como un elemento crítico para alcanzar el desarrollo económico, y valida la lógica del régimen de Fujimori de utilizar a las mujeres como instrumentos para obtener crecimiento económico y reducción de la pobreza –al margen de las aspiraciones y deseos de estas mujeres como individuos–. Su punto de vista maltusiano carece de ética al no reconocer a cada mujer (incluyendo a las pobres e indígenas) como persona con derecho a la autonomía. Usando un discurso de derechos reproductivos, la motivación principal del Programa de Planificación Familiar de Fujimori fue mejorar las cifras económicas. No hay nada amoral en atacar la pobreza pero sí hay problemas éticos cuando ello implica usar a las personas como instrumentos para llegar a esa meta.

Leer comentarios ()

Hoy en portada

Subir
Fotogalerías