Nadando a contracorriente, por Susana Chávez A.

La decisión de la Comisión de Constitución del Congreso de no reconsiderar la votación que archivó el proyecto de ley conocido como Déjala Decidir (y que propone la despenalización del aborto en casos de violación), a nadie sorprende. Pero no todos conocen su historia. 

Desde que se impulsó esta iniciativa, fueron diversos los frentes que se activaron (algunos con disimulo, otros con furia) y no hay ninguna duda de que tanto Déjala Decidir como la unión civil vinieron para quedarse. Esto a pesar de que la señora Keiko Fujimori, con sus 73 congresistas electos, diga lo contrario. 

Déjala Decidir ya no pertenece a las instituciones promotoras, sino a las 60.000 personas que la hicieron suya para ser admitida a debate. También pertenece al 56% de la ciudadanía (33% más que en el 2011, según Ipsos), que considera inhumano y degradante condenar a una mujer por rechazar un embarazo producto de una violación. 

Superar el desconcierto inicial del Reniec para el inicio del trámite legislativo fue solo un aviso de lo que vendría. No tardó la iracunda respuesta del arzobispo Juan Luis Cipriani, quien tildó de asesinos a quienes apoyaban el proyecto de ley (olvidándose completamente del derecho a la vida que tienen las mujeres y que ningún mandato de Dios incluye la inmolación). 

Desde el púlpito, y en su programa radial, el cardenal amenazó con 800.000 firmas y una “marcha por la vida”. Nunca vimos las firmas, pero sí la marcha que cada 25 de marzo lleva a las calles a miles de niños y adolescentes sacados desde sus escuelas, portando finos polos, letreros muy bien fabricados y un impresionante escenario, envidia del concierto más ‘ficho’.

El debate que trajo este proyecto de ley fue la oportunidad para poner sobre la mesa el dramático impacto de la violación sexual. Y cómo el Perú ocupa el primer lugar en denuncias en América del Sur, pese a que solo se denuncie entre el 2,2% y 5% de los casos, o que el 80% de las víctimas son menores de 18 años o que el 24% son agredidas por familiares (3.720 por año) y que en el 35% de estos casos eran sus cuidadores directos. También salió a luz que el 34% de adolescentes víctimas de violación atendidas en los Centros de Emergencia Mujer estaban embarazadas producto de este brutal acto. 

Contrariamente, sus opositores hicieron más uso de argucias que de argumentos. Fue así que la Comisión de Justicia, presidida por el congresista Juan Carlos Eguren, puso en agenda el tema un día antes de culminar el plazo de 120 días que dicta la ley. Para ser justa, el congresista Cristóbal Llatas, presidente de la Comisión de Constitución, tuvo un comportamiento distinto, abriendo un debate serio que, lamentablemente, culminó con otra conducción más debilitada. 

En cuanto a los argumentos en contra, tampoco hay mucho que valorar. Teorías extrañas como la “lubricación”, junto con la careta democrática invitando a 19 instituciones donde solo tres eran de carácter laico, marcaron uno de los peores debates. Incluso contó con maniobras mañosas, como la del congresista Javier Bedoya, quien habló desde la puerta solo para no hacer quórum. Esto me hace pensar si no ha sido Déjala Decidir la que dejó con las aspiraciones en las manos a estos congresistas que no volvieron a ser elegidos. 

Es cierto que este proyecto de ley ha perdido en este Congreso, pero ha ganado en la ciudadanía. No solo en la pertinencia de permitir el aborto, sino en la conciencia de las tareas de prevención y los costos que nos acarrea el abandono de la educación sexual en las escuelas, la falta de programas que organicen el tiempo libre protegido y el impacto de la violencia sexual en el desarrollo y planes de vida de lo mejor que tenemos: nuestros hijos e hijas.