La peligrosa sobremesa de Humala, por José Ignacio Beteta

“Estas normas no van a proteger la salud de los niños y adolescentes; van a crear confusión en el consumidor”.

La peligrosa sobremesa de Humala, por José Ignacio Beteta

(Ilustración: Rolando Pinillos Romero).

José Ignacio Beteta

Si tuviéramos que hacer una analogía fisiológica sobre el efecto de las regulaciones emitidas por el gobierno anterior, tendríamos que decir que hemos sufrido un “empacho regulatorio”. Ciertamente no padecimos la gran transformación, pero la gran cantidad de normas y leyes populistas cocinadas desde el Ejecutivo y el Congreso terminaron por graficar un balance negativo. 

Una de las normas bandera del menú regulatorio del presidente Ollanta Humala fue la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, promulgada en mayo del 2013. Esta ley, anunciada con bombos y platillos, debería promover un menor consumo de alimentos “altos” en grasas, azúcar y sal, apoyándose básicamente en tres ejes: promoción de quioscos saludables en escuelas, restricciones a la publicidad y etiquetado con advertencias relativas al contenido del producto.

Sin embargo, pese a la fanfarria y las buenas intenciones, casi 39 meses después de aprobada, la ley nunca se reglamentó y, por ende, no ha entrado en vigencia. Muchos quieren atribuir la no aprobación del reglamento a las “presiones de la industria”, pero es el mal diseño de la ley lo que ha ocasionado que el trabajo de la comisión multisectorial encargada de la elaboración del mencionado reglamento sea un vía crucis. 

Así, ya en la sobremesa, el anterior gobierno quiso seguir empachándonos y nos dejó de regalo dos bocados que bien podrían indigestarnos.

En primer lugar, se publicó un proyecto de reglamento que, si bien resulta mejor que versiones anteriores, no termina de corregir todas sus deficiencias. Contiene un sesgo falaz contra los alimentos procesados (ignorando en gran medida los riesgos que los productos ‘frescos’ pueden conllevar en un país informal y con problemas de infraestructura); e incluye normas y definiciones poco claras que se prestan a la arbitrariedad (¿cómo determinar cuándo un alimento está “dirigido” a menores de edad si el comprador principal casi siempre es un adulto?).

En segundo lugar, se publicó un decreto supremo que dispone que el Ministerio de Salud actualice periódicamente un “listado informativo” de alimentos procesados y bebidas no alcohólicas que tengan alto contenido en azúcar, sodio o grasas saturadas. El decreto, sin embargo, no dispone cuál sería el efecto vinculante de dicho listado (¿los productos ahí mencionados estarían prohibidos en los colegios? ¿no podrían publicitarse?) y además, se basa en parámetros técnicos que ya fueron reemplazados por la Organización Mundial de la Salud. 

Estas normas no van a proteger la salud de los niños y adolescentes; van a crear confusión en el consumidor y riesgos alternativos para el público que precisamente busca proteger.

Algunos expertos, como Elmer Huerta, han planteado una peligrosa dicotomía: o apoyas la regulación de la “alimentación saludable” o eres de los que apoya la educación en casa y la libertad de elección. Es una falsa oposición.

En Contribuyentes por Respeto creemos, por supuesto, en la importancia de la educación y la libertad de elección, pero también estamos a favor de un Estado que fiscalice las conductas empresariales y regule por el bien de los niños y adolescentes de manera correcta y cuando exista evidencia de que es necesario. El punto es que, en este caso, la evidencia no favorece el menú regulatorio que se nos pone en la mesa.