Penales en emergencia, por Noam López

Es posible que el incendio en el penal de Lurigancho ocurrido el domingo pasado, en el que fallecieron dos personas, no haya configurado un elemento de atracción para la opinión pública en medio de la ola de inundaciones que padece la costa peruana. Sin embargo, constituye una tragedia esperada que no puede pasarse por alto, más aun cuando estamos frente a indicadores actuales que grafican a nuestros establecimientos penitenciarios como entornos en riesgo –entiéndanse estos como la combinación probable de vulnerabilidades (como el hacinamiento) y amenazas (como los incendios)–. Esbozo aquí algunas medidas basadas en literatura especializada que nos ayudarían a evitar o paliar potenciales desastres en penales.

Reducir el hacinamiento es fundamental. Según el censo nacional penitenciario del año pasado, existen más de 77 mil internos ubicados en cárceles con una capacidad total inferior a 34 mil (una sobrepoblación de 132%). Esta reducción no la conseguiremos construyendo más cárceles, menos en las alturas (como prometían algunas fuerzas políticas en la última campaña presidencial). Hacerlo implicaría invertir en poco más de una docena de penales del tamaño de Lurigancho. Una inversión estratosférica.

Lo que necesitamos, más bien, es reducir el uso indiscriminado de la prisión preventiva para delitos como el de omisión a la asistencia familiar. También usar grilletes electrónicos para aquellos condenados por delitos menores, reducir o eliminar las penas por ciertos delitos de tenencia y consumo de drogas (los cuales configuran la mayor parte de los investigados o sentenciados por tráfico ilícito de drogas), movilizar a la población penal con problemas serios de salud mental a centros de tratamiento y rehabilitación, y extender la aplicación de programas de tratamiento penitenciario de medio abierto como el de justicia juvenil restaurativa (estos permiten reducciones significativas en el consumo de drogas, propician una menor inclinación a la violencia y promueven mayores niveles de reinserción escolar y mejores perspectivas laborales).

No todo sería un gasto para el Estado. Los internos podrían hacerse cargo de una parte de los costos. Por ejemplo, en el caso de los grilletes electrónicos, los privados de libertad podrían prestar trabajo comunitario para poder pagarlos, si es que sus ingresos son menores al sueldo mínimo vital.

A diferencia de lo que comúnmente se cree, los internos en los penales se organizan, forman agrupaciones políticas y llevan a cabo elecciones para elegir a sus delegados, los cuales a su vez son financiados por los dueños de los negocios que operan dentro. Existe, por lo tanto, un nivel de organización y una fuerza de trabajo en reposo que puede ser bien canalizada con capacitación y acompañamiento. Aquí es necesario que el sector privado dedicado a la producción de bienes de consumo masivo que no requieren una alta tecnicidad aproveche esta mano de obra. Como ejemplos podemos señalar el proyecto Pietà con la creación de prendas de vestir en los penales de San Pedro y Santa Mónica, o como lo hiciera en su momento Renzo Costa en Ancón II con la producción de billeteras y carteras. 

Cuando hace dos años hacía trabajo de campo en el penal de Yanamilla, en Ayacucho, me percaté que los jóvenes, quienes forman la mayor parte de la población penal, quieren estudiar y generar ingresos, principalmente. Si bien han perdido la libertad, no les quitemos la oportunidad de aportar económicamente a sus familias y reducir su entorno en riesgo.