Procuraduría autónoma, una opción de encuentro, por W. Albán

Crear una procuraduría general de naturaleza autónoma en el Estado constituye una buena idea. En este y en otros temas trascendentes para la ciudadanía –los referidos a la lucha contra la corrupción y la delincuencia lo son sin duda– no cabe medir los respaldos atendiendo a quién o de dónde provino la iniciativa. Si el propósito merece ser valorado y apoyado, el debate solamente debe servir para impulsar su concreción en el más breve plazo, aportando aquello que pueda permitir un mejor diseño, así como afinar los detalles que con frecuencia, por un manejo apresurado, terminan dando lugar a vacíos, errores o distorsiones capaces de empañar el producto o desacreditar con el tiempo una iniciativa nacida con amplios consensos y buenos pronósticos.

Tampoco parece necesario trasladarnos a diseños institucionales ajenos para validar la bondad de la propuesta. De sobra estamos ya advertidos de que en cada realidad las cosas operan de manera distinta. La legitimidad de la que goza la Corte Suprema de Estados Unidos, por ejemplo, no deriva del hecho de que allí sea el presidente quien propone a sus miembros, sino de la seriedad y escrutinio con el que los distintos mandatarios de ese país han formulado en cada oportunidad sus propuestas; pero, sobre todo, de la ejecutoria de dicha corte para generar confianza en su actuación, reconocida como rigurosa e independiente. 

Hoy en el Perú, en cambio, la manera en la que se nombra a nuestros jueces supremos genera una enorme desconfianza, toda vez que esta atribución reposa en un organismo constitucional autónomo como el CNM, que en su momento despertó expectativas muy positivas pero cuya trayectoria se ha ido desdibujando progresivamente. Ello al punto de plantearnos hoy la necesidad de comenzar por revisar su actual configuración como paso previo a cualquier reforma al sistema judicial que se desee emprender con éxito.

Pero ha sido precisamente desde nuestra propia experiencia que ha surgido el ánimo de crear una procuraduría independiente, para ocuparse de materias cuya importancia debiera dar lugar a su defensa en función de intereses generales y de políticas de Estado, sin depender de ninguna autoridad del gobierno. Una figura de estas características debiera reunir las competencias para actuar en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos o el terrorismo con la ventaja de sumar los escasos recursos –materiales y humanos– con los que hoy se cuenta en cada caso de manera dispersa, impidiendo un manejo racional y óptimo de los mismos. El titular de una entidad así, debiera sumar a sus méritos y calificaciones profesionales calidades personales y una ética intachable, capaz de generar un amplio consenso acerca de su idoneidad para el cargo, otorgándole un período razonable para ejercer su mandato.

El momento es oportuno para crear esta entidad que permita un primer ensayo para concertar voluntades entre las diferentes fuerzas políticas hoy representadas en el Congreso, toda vez que, de alguna u otra manera, ellas han manifestado ya su opinión favorable para hacerlo. Una vía idónea es la modificación de la Constitución con este propósito, pero cabría considerar que ello obliga a seguir los ineludibles procedimientos que esta norma consagra para su propia reforma, con lo que el resultado esperado solamente prosperaría en el mediano plazo. 

No conviene descartar, en consecuencia, una alternativa más expeditiva a través de una ley que surja como iniciativa del Ejecutivo para ser aprobada en el Congreso con un amplio consenso. Esta fórmula no excluiría realizar en paralelo la reforma constitucional, pero abriría las puertas a una salida con beneficios más inmediatos a la par de posibilitar un sano entendimiento –cuando menos en una de las materias más relevantes– en un escenario político que demanda frenar confrontaciones extremas y perjudiciales para todos, haciendo más bien tangible la capacidad de arribar a acuerdos. Ello sería expresión de un tipo de ejercicio que no requiere traje especial, sino de simple madurez por el bien común.