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La reelección en Paraguay, por Roberto Heimovits

“Históricamente, América Latina ha tenido muy mala experiencia con la reelección”

Roberto Heimovits Analista internacional

La reelección en Paraguay, por Roberto Heimovits

La reelección en Paraguay, por Roberto Heimovits

El 31 de marzo, manifestantes incendiaron el Congreso en Asunción en protesta contra un proyecto de ley que permitiría al presidente Horacio Cartes, cuyo mandato termina en el 2018, buscar la reelección inmediata para un segundo período de 5 años. El proyecto fue aprobado en el Senado por estrecho margen, y ahora está pendiente en la Cámara de Diputados, donde el Partido Colorado de Cartes tiene mayoría. 

El presidente de la Cámara, Hugo Velásquez, dijo el jueves 6 que esta no tratará la reelección “antes de Semana Santa”. Pero añadió que “hay muchísima gente a favor”. 

La situación en Paraguay vuelve a llamar la atención sobre uno de los temas más interesantes en política, particularmente en aquellos países democráticos con régimen presidencialista: ¿se debe permitir la reelección inmediata? 

En principio, esta no necesariamente sería mala. Más bien, daría a un presidente que está gobernando acertadamente la oportunidad de continuar y así en dos períodos consecutivos mejorar su país sustancial y duraderamente.

Quizás es por eso que en Estados Unidos se permite la reelección inmediata (aunque por una sola vez) y también en Francia desde el 2008.

Sin embargo, en países que no tienen instituciones fuertes y una tradición democrática larga y sólida, la reelección inmediata podría convertir al presidente en dictador. Aun en circunstancias normales, un presidente suele tener mucho poder para influir en las elecciones: el control del presupuesto, el nombramiento de funcionarios importantes, la distribución de la publicidad estatal, etc.

Históricamente, América Latina ha tenido muy malas experiencias con la reelección, porque fue usada como uno de los principales mecanismos para establecer largas dictaduras. Son notorios los casos de Porfirio Díaz en México, quien gobernó casi ininterrumpidamente de 1877 a 1910, y de Leonidas Trujillo en República Dominicana, de 1930 a 1961. Es así como la reelección –inmediata o en general– fue vista en la región cada vez más como un peligro para la democracia, y se trató de prohibirla en algunos países.

Así, luego de las reelecciones de Leguía que le permitieron gobernar nuestro país de 1919 a 1930, el artículo 142 de la Constitución de 1933 no solo prohibió la reelección consecutiva, sino que declaró que “esta prohibición no puede ser reformada ni derogada” y que aquellos congresistas que pretendieran hacerlo “cesarán… en el ejercicio de sus cargos y quedarán permanentemente inhabilitados”.

Paraguay sufrió particularmente por la reelección, que permitió al general Alfredo Stroessner –del mismo partido que Cartes– perpetuarse en el poder desde 1954 a 1989, convirtiéndose así en el dictador más duradero en América Latina, luego de Fidel Castro (1959-2011). Quizás por eso, la Constitución de 1992 prohibía la reelección, inmediata o no.

A pesar de la amarga experiencia histórica, en los últimos años la reelección inmediata volvió a aparecer en América Latina, aprobándose en el Perú (1993), Argentina (1994), Brasil (1997), Colombia (2004), Bolivia (2009) y de manera indefinida en Ecuador (2015).

Resalta el caso de Venezuela, donde Chávez impulsó un referéndum que aprobó en el 2009 la reelección indefinida de todas las autoridades, incluyendo la suya. Cabe resaltar aquí el rol de los referendos y plebiscitos como herramientas que usan los presidentes que quieren reelegirse para superar la oposición del Poder Legislativo o Judicial. 

Nada impide que en América Latina surjan presidentes honestos y capaces, cuya reelección inmediata –por un período– beneficiaría a sus países. Pero como se ha visto, los riesgos para la continuidad democrática son muy grandes. Los diputados paraguayos harían bien en considerar eso. Quizás la alternativa menos mala sea el modelo seguido por Chile desde 1990: reelección sí, pero no inmediata, y partidos y coaliciones sólidos que puedan aplicar el mismo programa de gobierno a lo largo de presidencias distintas. 

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