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Reforma del CNM: pecados capitales, por Guido Águila Grados

“El proyecto prioriza la participación política del Estado en el CNM, cuando la esencia de la Constitución es que participe principalmente la sociedad”

Guido Aguila Grados Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura

CNM 2

"El deseo desordenado e incontrolable por cambiar de manera apresurada la composición del CNM hace que se elimine, sin justificación alguna, la participación de la sociedad civil" (Ilustración: Giovanni Tazza)

"El deseo desordenado e incontrolable por cambiar de manera apresurada la composición del CNM hace que se elimine, sin justificación alguna, la participación de la sociedad civil" (Ilustración: Giovanni Tazza)

"El deseo desordenado e incontrolable por cambiar de manera apresurada la composición del CNM hace que se elimine, sin justificación alguna, la participación de la sociedad civil" (Ilustración: Giovanni Tazza)

Santo Tomás de Aquino señalaba que un vicio capital “es aquel que tiene un fin excesivamente deseable y a los que la naturaleza humana está principalmente inclinada”. Esta inclinación es a la que, lamentablemente, parece haber sucumbido el proyecto de ley de reforma constitucional sobre la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, presentado por el presidente de la República durante su último mensaje a la nación. Pocas veces en un solo acto se aglutinan tantas contradicciones y vicios jurídicos. Veamos:

Soberbia: Desde hace siete meses existe un espacio natural para debatir y avanzar en las reformas del sistema de justicia: el Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ). En este, los titulares del Poder Judicial (PJ), el Ministerio Público (MP), el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y la Academia de la Magistratura (AMAG) se reúnen bajo la coordinación del Ministerio de Justicia (Minjus) para que, con el apoyo de sus equipos de enlace y a partir de su conocimiento directo de la problemática del sistema, se vayan dando los cambios que la justicia peruana necesita. Nada de eso importó. Fuera del ANJ, apareció sorpresivamente este proyecto.

Avaricia: El proyecto presentado por el Ejecutivo prioriza la participación política del Estado en el CNM, cuando el espíritu y esencia de la Constitución es que en esta institución participe principalmente la sociedad. Sin motivo alguno, se desaparece a los abogados, profesionales que defienden al ciudadano de a pie y que sufren la demora de los procesos, malos tratos y huelgas prolongadas; y a las universidades, de donde egresan los profesionales del derecho que luego serán jueces y fiscales. Así, el poder político se fagocita el CNM. Y la Constitución.

Envidia: El punto de partida es que el CNM es apocalíptico. No se reconoce un ápice de su labor en los últimos 20 meses: presencia en todo el país, optimización de sus funciones constitucionales, transparencia en las entrevistas, nombramiento de magistrados quechuahablantes, entre otros. Pareciera que la sola promesa de campaña de reforma del CNM es un imperativo sin importar las formas democráticas.

Ira: “Para contar con un sistema judicial más transparente, honesto y efectivo ¡Tenemos que decirles adiós a aquellos que defienden la impunidad!”. Fueron las casi airadas palabras que antecedieron a la presentación del proyecto. Es lamentable que el presidente advierta que el mal funcionamiento del sistema judicial es exclusiva responsabilidad del CNM. No se tiene una visión sistémica de la justicia.

Lujuria: El deseo desordenado e incontrolable por cambiar de manera apresurada la composición del CNM hace que se elimine, sin justificación alguna, la participación de la sociedad civil. Es decir, se castra la voluntad del constituyente de tener un órgano pluralista. Por el contrario, se reduce el número de miembros a cinco, de los cuales dos son elegidos por el poder político, cercenando su ADN constitucional como órgano autónomo que garantiza la independencia de los magistrados.

Gula: El proyecto evidencia un afán excesivo de penetración política en un órgano que debe estar en los antípodas de los vaivenes partidarios. Es lamentable que se haya presentado una propuesta que va a contracorriente de la Constitución histórica. El CNM fue creado por la Constitución de 1979, excluyendo a cualquier representante del poder político. Y ese mismo criterio siguió la Constitución actual de 1993. Ese ha sido nuestro espíritu constitucional que este gobierno pretende cambiar sin justificación alguna.

Pereza: Una norma de tal magnitud, como la propuesta, requiere de una exposición de motivos muy sólida. Parece que no hubo tiempo para ello. Por un lado, intenta justificar esta incorporación política en una presunta necesidad de guardar “equilibrio” entre los poderes del Estado (¿?), y por otro, la búsqueda de “garantizar la independencia” en las decisiones de los magistrados (¿?). Es decir, se apela a la conocida falacia de resaltar como aporte aquello que, precisamente, se pretende eliminar.

Es necesaria la reforma del sistema de justicia en general y del CNM en particular, pero respetando el espíritu constitucional y democrático. Estamos a tiempo de que se haga un acto de contrición. El país lo agradecerá.

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