Reformar o morir, por Jorge Medina Méndez
Reformar o morir, por Jorge Medina Méndez
Jorge Medina Méndez

En el tema de la corrupción, el Perú tiene el complejo de la indignación limitada al escándalo: una suerte de irritación social que surge ocasionalmente cuando alguien aparece envuelto en un destape de resonancia mediática. Pasado el momento, la corrupción y nuestra indignación juegan a no conocerse hasta nuevo aviso. Pero la corrupción es sistémica en nuestro país y no está para dinámicas de coyunturas, pues sus efectos anuales bordearían entre 3% y 5% del PBI, algo equivalente a los presupuestos del sector Salud o Educación. 

No hay que perder de vista que la corrupción es causa, pero también efecto. En esta línea, vale preguntarse si medidas como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la muerte civil para los corruptos tendrían –por sí mismas– un real impacto. ¿Y por qué? Por los puntos ciegos que quedarían si no se hacen las tan consabidas reformas que el país necesita, como la política, judicial y policial, por citar solo tres. 

Por ejemplo, en la delegación de facultades, el Congreso no aprobó que la UIF proporcione información a los organismos electorales, a sabiendas de que existe infiltración del crimen organizado en la política y que el Perú es uno de los principales exportadores de cocaína del mundo. La reforma política –un tema neurálgico para nuestra democracia– debería ser el eje central para el combate a la corrupción, pues ha sido penetrada por el financiamiento ilícito. Esta práctica nociva es la principal puerta de entrada a legisladores, gobernadores y alcaldes de muy baja calidad, quienes una vez en el poder privilegian su enriquecimiento particular en lugar de políticas públicas que beneficien a la población. Más aun, para protegerse, contaminan a otros niveles institucionales, como el Poder Judicial o la Policía Nacional. 

Ciertamente la solución es compleja, pero no tanto en sí por las reformas que deberían hacerse, sino por el principal obstáculo que enfrentamos: la imprescindible voluntad política de todos los actores involucrados, especialmente la del Congreso de la República. 

La asociación civil Transparencia, en su Plan 32, ha propuesto una serie de reformas para mejorar las institucionales nacionales. Una de ellas es que la ONPE cuente con facultades para estimar –a través de estudios técnicos y de información de mercado– el monto de gastos mínimos en los que incurren las organizaciones políticas y sus candidatos en las campañas electorales, y que estos justifiquen la procedencia legal de tales recursos. Además, que las penas sean lo suficientemente drásticas y efectivas para los partidos y candidatos, a fin de desalentar la infiltración de dinero mal habido en la política. En otras palabras: matar la mala hierba desde la raíz. 

Medios de comunicación, academia, sector privado empresarial, organismos multilaterales. Todos tenemos un rol que jugar. Debemos ser capaces de provocar la indignación general de una ciudadanía hastiada de tanto abuso de poder y corrupción. Debemos darnos cuenta de que pocas iniciativas –como una anticorrupción– serían tan eficaces para unir –sin posibilidad de discriminación– a todos los sectores de la sociedad para exigir a las autoridades que tomen las medidas necesarias para combatir al flagelo que más pobreza y miseria origina. 

No soslayemos la relevancia que tendría una cruzada nacional de una ciudadanía que, indignada por la corrupción, adopte como grito de guerra: reformar o morir.