Un registro mundial de la propiedad, por José Antonio Ocampo

¿Se imagina cómo se podrían mejorar servicios como educación, salud y acceso a sistemas de agua potable y saneamiento en América Latina con más de US$340.000 millones en manos de sus gobiernos? Eso es lo que cuesta al año la evasión fiscal en la región, el equivalente de 6,7% de su PBI total.

A esta cifra, calculada en el 2016 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), habría que sumar las pérdidas que derivan de las estrategias de elusión fiscal por las grandes empresas. Las multinacionales fijan los precios de las transacciones entre sus subsidiarias garantizando que las ganancias sean gravadas en los países donde los impuestos son más bajos y no necesariamente donde realmente tiene lugar la actividad económica y la creación de valor. Estas maniobras, muchas veces dentro de la legalidad, costaron a la región unos US$765.000 millones entre el 2004 y el 2013.

Con la globalización financiera, las oportunidades de optimización fiscal se han multiplicado para las multinacionales. Ellas concentran hoy beneficios gigantescos en un puñado de paraísos fiscales, gracias a una poderosa industria de intermediarios (bancos, consultorías y despachos de abogados). El economista Gabriel Zucman calcula que, a nivel mundial, más del 40% de los beneficios obtenidos por las multinacionales se traslada artificialmente a paraísos fiscales.

Estos impuestos que se esquivan se compensan con tributos más elevados a la clase media y trabajadora, haciendo mucho más difícil que estos grupos de la población ahorren o acumulen riqueza, y aumentan, por lo tanto, los niveles de desigualdad en el mundo entero. Desde 1980, el 1% de los más ricos a escala global recibió el doble de ingresos que el 50% más pobre, a pesar del hecho de que este grupo experimentó un incremento significativo en su ingreso gracias a las altas tasas de crecimiento en Asia.

En los paraísos fiscales se esconde el 10% del PBI mundial en formas de depósitos, acciones, bonos y fondos de inversión. Esta es una estimación conservadora, que además varía mucho según los países: la riqueza escondida no pasa de 5% en las naciones del norte de Europa, pero esta cifra se eleva a cerca de 15% en Europa continental y hasta un 60% en Rusia, los países del golfo y algunos de América Latina. De hecho, según Oxfam, la utilización de territorios ‘offshore’ se multiplicó por cinco en Latinoamérica en los últimos 15 años, en un contexto de internacionalización de las economías.

Este desvío de fondos tiene una consecuencia clara sobre la desigualdad global. Un reciente estudio revela que la mitad de los fondos que se mantienen en paraísos fiscales pertenece a hogares con más de US$50 millones de patrimonio neto.

Además de reducir los ingresos públicos, esta concentración de riquezas en paraísos fiscales erosiona el respeto por la ley y desincentiva la creación de empleo, ya que beneficia a aquellos que trasladan al extranjero su riqueza y sus empresas en lugar de invertir en los países donde obtienen sus ingresos. También hace más difícil la gestión de los gobiernos, ya que estos fondos ocultos no pueden ser tomados en cuenta en las bases de datos tradicionales que permiten calcular la actividad económica y medir la desigualdad real.

Desde la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés), consideramos que se necesita un enfoque internacional para acabar con este problema. Una fracción importante de la riqueza en los paraísos fiscales está concentrada en sociedades pantallas, las que tienen el objetivo de hacer que los beneficiarios finales no sean localizables.

Una medida crucial sería un registro financiero global de los titulares reales y últimos de las sociedades, cuentas bancarias y propiedades. Eso permitiría limitar la evasión fiscal, el lavado de dinero, e incluso la financiación del terrorismo. Varios países de la región han comenzado a establecer registros de este tipo o solicitar que se agregue esta información a los registros mercantiles, pero estos no cumplen siempre plenos estándares de transparencia.

Si todos los países contaran con información sobre los beneficiarios finales, la estrategia de ocultamiento detrás de una cadena de vehículos jurídicos se volvería obsoleta. De hecho, haría imposible que las multinacionales se atribuyeran de manera fraudulenta beneficios en paraísos fiscales que se obtuvieron en los países donde llevaron a cabo la actividad productiva y donde deben pagar, por lo tanto, sus impuestos. Sería, además, una gran contribución a la mejoría en la distribución de la riqueza y el ingreso. El desarrollo de este registro debe ser, por lo tanto, un eje central de una mayor cooperación tributaria en América Latina.