Retos y dilemas del próximo gobierno, por Alonso Segura Vasi

En poco más de un mes, un próximo gobierno recibirá una economía en recuperación que crecerá cerca de 4% este año, liderando el crecimiento en la Alianza del Pacífico (AP). 

El próximo gobierno encontrará también cuentas fiscales ordenadas, respaldadas por un marco creíble, pero con un déficit fiscal que requiere una reducción gradual que preserve la credibilidad del país. Hereda presupuestos prefinanciados y préstamos contingentes adicionales concertados anticipadamente, permitiendo un amplio margen de maniobra en el financiamiento de los próximos años. 

Recibe una economía con la segunda mejor calificación crediticia en la región, importantes reformas ya encaminadas en infraestructura, diversificación productiva y capital humano (educación, salud, sector público), y programas sociales diseñados técnicamente, que responden a una lógica articulada. Recibe iniciativas de integración (AP, TPP, OCDE) en vías de implementación que facilitarán el comercio, la inversión y mejorarán el funcionamiento del aparato estatal. Todo ello, a pesar de la recesión más larga en América Latina en los últimos 30 años y la peor caída en términos de intercambio y precios de exportaciones en más de 60 años.

Dicho esto, el próximo gobierno tendrá que enfrentar serios dilemas de política en un entorno externo complejo y cambiante, como nos lo recuerda la próxima salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

El primer gran dilema es determinar la trayectoria fiscal, es decir, el resultado fiscal (tamaño del déficit/superávit) que servirá como guía para formular los presupuestos nacionales durante el siguiente quinquenio. Esta decisión es clave porque determinará la cantidad de recursos con los que contará el gobierno para implementar iniciativas y reformas, y difícil, porque un déficit muy grande (que ampliaría su capacidad de emprender reformas) afectaría la credibilidad fiscal del país. Determinar la trayectoria fiscal es una obligación explícita de nuestro marco legal de responsabilidad y transparencia fiscal y es una muestra de la seriedad con la que nuestro país enfrenta estas decisiones.

La política fiscal no puede ser la misma en todo momento, pues depende del grado de impulso privado que se prevé exista en la economía. En ese sentido, en un contexto de aceleración del crecimiento con tasas por encima del 4% y expectativas que anticipan una aceleración del consumo y de la inversión privada, no sería recomendable implementar una política fiscal expansiva, menos aun si consideramos que el punto de partida es un déficit mayor al que contempla nuestro marco fiscal como regla permanente y a aquel que estabiliza la dinámica de nuestra deuda pública. Incurrir en este nivel de déficit era recomendable, temporalmente, cuando la economía se desaceleraba y se requería de un impulso fiscal. 

Como señalamos previamente, es importante tener en consideración el impacto que la determinación de la trayectoria fiscal tendrá sobre la credibilidad fiscal y la calificación crediticia del país. Esta semana, por ejemplo, Uruguay se sumó a México y Colombia en la lista de países cuya perspectiva en la calificación crediticia ha pasado de estable a negativa, estrictamente por razones fiscales, señalando la probabilidad de una rebaja en calificación en los próximos doce meses. El Perú tiene perspectivas estables, pero debemos tener claro que en un contexto complejo en América Latina, defender nuestra calificación crediticia constituye un elemento primordial en la credibilidad fiscal del país. 

Si bien el Perú tiene grandes necesidades de inversión en infraestructura, también las tiene en gasto corriente, pues las grandes reformas que nuestro país necesita, como las de educación, salud y seguridad, son intensivas en gasto corriente. Enfocarse solo en construir infraestructura supone implícitamente que bastaría tener mejores escuelas, hospitales y comisarías para tener una mejor educación, mejores servicios de salud y una seguridad más efectiva, lo que es a todas luces una aproximación equivocada. Por ello, otro gran reto que enfrentará el próximo gobierno es cómo generar el espacio para continuar incrementando el gasto corriente (además del gasto de capital) sin comprometer nuestra credibilidad fiscal.

En este aspecto, la respuesta requiere mejorar lo que se viene haciendo e implementar nuevas reformas. Primero, es necesario seguir haciendo esfuerzos por incrementar los ingresos públicos, para lo que es estrictamente necesario ampliar la base tributaria. Segundo, se debe continuar mejorando la eficiencia del gasto e inversión pública, para lo cual es necesario seguir mejorando los recursos humanos con los que cuenta el Estado. Tercero, se requiere reconocer que si bien existen necesidades, hay que mantener la perspectiva e internalizar que los avances usualmente son progresivos y deben estar condicionados a los espacios fiscales que se vayan generando. Finalmente, es imprescindible recordar que el sector público no puede hacerlo todo, y por lo tanto, es fundamental generar las condiciones para atraer cada vez mayores flujos de inversión privada.

Este último es otro de los grandes retos del siguiente gobierno. Iniciativas emprendidas en el actual gobierno, como las de destrabe de inversiones o las mesas ejecutivas de Produce, son ejemplos de mecanismos que debieran escalarse y generalizarse, en la búsqueda de un balance adecuado de regulación que resguarde el interés público pero que no detenga las inversiones y la conducción de actividades económicas.

Es importante señalar también que hay grandes espacios de mejora en términos de gestión pública, para lo cual, reformas como la del Servicio Civil, por ejemplo, son fundamentales. De otro lado, en términos de infraestructura y prestación de servicios públicos, la reforma del marco normativo de Asociaciones Público-Privadas (APP), que cumple estándares OCDE y mejores prácticas internacionales, aunada a la mejora de otros marcos normativos como la nueva Ley de Expropiaciones, le brinda al nuevo gobierno las mejores herramientas para formular y ejecutar APP. 

Todo esto se ha hecho garantizando que las APP que se prioricen cumplan con una visión estratégica que responda a planes sectoriales y multisectoriales, dentro de un proceso con una clara asignación de riesgos, de roles (sectores, MEF y Pro Inversión) y de competencias, que sea a la vez más ágil y proteja los intereses del Estado; y todo esto en un marco transparente, que permitirá formular mejores contratos y por lo tanto ejecutar mejores proyectos, menos susceptibles de retrasarse o desnaturalizarse por la proliferación de adendas. 

Finalmente, otro gran reto del futuro gobierno, compartido con el futuro Congreso de la República, es el de gobernabilidad. Los votantes peruanos han decidido elegir a un gobierno con clara minoría parlamentaria y a otra fuerza política con clara mayoría parlamentaria. Para que el país siga progresando en un contexto internacional menos auspicioso, se requieren múltiples reformas que requerirán de leyes promulgadas por el Congreso. En este sentido, es fundamental que nuestra clase política alcance acuerdos básicos que permitan implementar al menos las principales reformas que el Perú necesita. No podemos darnos el lujo de presenciar cinco años de gobierno que se asemejen a este último año de observaciones del Ejecutivo e insistencias del Congreso, que perjudica a todos los peruanos y a la credibilidad del país.