En los tribunales, por Bernardo Roca Rey

Una sentencia realmente histórica, que abriría nuevos cauces para la lucha contra el cambio climático, se ha producido en Holanda. Allí, donde más de un tercio de territorio es superficie ganada trabajosamente al mar, un juez ha ordenado al Gobierno del primer ministro Mark Rutte reducir las emisiones de gases contaminantes en al menos el 25% para el 2020.

La sentencia podría sentar precedentes. Que sepamos es la primera vez que el Poder Judicial de un país le dice al Poder Ejecutivo que no está haciendo lo suficiente por preservar el ambiente y le exige medidas concretas. 

¿Las políticas de Estado, en un ámbito tan delicado como el medioambiental, podrían ser definidas también, no solo por el presidente, los ministros (Ejecutivo) y los legisladores (Congreso), sino también por los jueces? 

El magistrado Hans Hofhuis argumenta que “el cambio climático está causado por las emisiones de gases contaminantes, y ello supone graves riesgos, incluyendo los relacionados con el aumento del nivel del mar y la alimentación”. La demanda fue planteada por ciudadanos que advierten el peligroso aumento de las tormentas marinas, así como inundaciones de ríos y de la red inmensa de canales, por el cambio climático y las emisiones orgánicas.

Años atrás, en octubre del 2007, se produjo la intervención de un juez británico, Michael Burton, que desaconsejaba al Gobierno la proyección obligatoria en todos los colegios secundarios del documental “Una verdad incómoda” (2006), del ex vicepresidente estadounidense Al Gore, por considerar que algunas de sus afirmaciones eran “alarmistas y exageradas”. No obstante, se trataba más de una reconvención que de una sentencia mandatoria como la que ha emitido el juez holandés de la ciudad de La Haya.

Normalmente, como pasa en Estados Unidos, Chile o el Perú, tales decisiones sobre políticas de Estado recaen principalmente en el poder político, mayormente en el Ejecutivo, que además lleva la representación del país a las cumbres internacionales climáticas. En Chile hace pocas semanas el Gobierno tuvo que declarar por quinta vez en el año el estado de “preemergencia ambiental” en Santiago, por la mala calidad del aire, lo que implicaba sacar de circulación muchos vehículos y paralizar industrias contaminantes. Se mejoró en algo la calidad del aire, pero solo temporalmente, por lo que muchos reclaman ya un nuevo y riguroso plan de descontaminación. ¿Tendrán que acudir a un juez? ¿Y este podría hacer algo? ¿Serían los otros poderes receptivos a una medida de ese tipo? 

Tras la sentencia ambiental comentada, la pregunta es qué grado de repercusión podría tener esto en el resto de países, como el nuestro, que sufren las terribles secuelas del cambio climático, expresadas en más recurrentes y dañinos fenómenos de El Niño, deshielos y desplazamiento de glaciares, inundaciones, sequías, destrucción de infraestructura y cosechas, entre otras.

En el Perú el debate sobre el tema debe abrirse, dentro del sistema de autonomía y equilibrio de poderes democrático, y sin manipulaciones de ningún tipo, que podrían venir de organizaciones que utilizan el medio ambiente como mascarada para su agenda político-ideológica radical. El calentamiento global y sus graves secuelas es un problema de todos y demanda acciones urgentes, coherentes y democráticas.