Verdades a medias, por Miguel Ángel Torres

“La modificatoria realizada en la comisión en absoluto desprotege o merma la protección que se otorga a todas las personas”.

Verdades a medias, por Miguel Ángel Torres

“Se ha cautelado que cualquier modificación o precisión debe responder a una delegación específica o al debate de un proyecto de ley, conforme lo establece nuestra Constitución”. (Ilustración: Giovanni Tazza).

Miguel Ángel Torres
  • Miguel Ángel Torres
  • Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República

Como dijo el escritor francés Jean Cocteau: “Un vaso medio vacío […] es también uno medio lleno, pero una mentira a medias, de ningún modo es una media verdad”.

La forma como se está difundiendo, en las redes sociales e incluso en algunos medios de comunicación, la decisión que tomó la Comisión de Constitución y Reglamento de recomendar al pleno del Congreso de la República la modificación de 2 de las 16 disposiciones del Decreto Legislativo 1323, que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, me recuerda la reflexión de Cocteau.

Se viene diciendo que “se ha votado para traerse abajo la protección contra los crímenes de odio”, o que “Constitución pide eliminar protección a personas LGTBI”, o “que las mujeres estarán desprotegidas de la violencia delincuencial”, “que no se reconocerá la vulnerabilidad LGTBI frente a la discriminación y el odio”, “que la bancada fujimorista quiere que mueran más personas por ser LGTBI” o “eliminar a las personas LGTBI de los decretos legislativos implica negar su existencia y perpetuar su discriminación”. Todas estas afirmaciones son mentiras.

Tal como fue señalado, estamos en contra de todo tipo de discriminación. Estamos convencidos de la libertad y la tolerancia como fundamento del Estado de derecho y la democracia. Pero también estamos convencidos de que el tema de “identidad de género”, entre otros indebidamente incorporados por el Decreto Legislativo 1323, no fue materia de delegación y que ello amerita un debate no solamente en este Congreso, sino también en la sociedad misma.

Quienes sostienen que sí fue materia de delegación deberían preguntarse: ¿Por qué entonces no se habla de la “identidad de género” de manera específica en la ley que delegó las facultades? ¿Por qué la exposición de motivos que sustentó el pedido del Ejecutivo se centra única y exclusivamente en el delito de feminicidio? ¿Por qué en las exposiciones realizadas por los ministros en el Congreso nunca se refirieron a la “identidad de género”? ¿Por qué si es un tema que, tal como ha quedado evidenciado en estos días, genera discusiones acaloradas, no hubo ni un segundo de debate al respecto?

La recomendación efectuada por la Comisión de Constitución es clara y coherente con pronunciamientos anteriormente emitidos: el Ejecutivo no puede legislar en temas que no hayan sido específicamente delegados, sobre todo en aquellas materias polémicas que generan controversia en la ciudadanía, esto de acuerdo con la posición expresamente señalada por el Tribunal Constitucional. 

La ley autoritativa, la exposición de motivos y las discusiones generadas en las comisiones y en el pleno de manera previa a la delegación de facultades son fundamentales, pues debemos comprender que en una delegación el Congreso comparte su facultad de legislar renunciando a que las materias que delega sean debatidas públicamente. Así las cosas, la Comisión de Constitución no se ha pronunciado respecto al fondo del tema, lo único que ha hecho es dejar claro que normas de contrabando (sea del tema que fuere) no deben ser permitidas por este Congreso. 

Es necesario aclarar que todas las personas tienen derechos fundamentales, independientemente de su sexo u orientación sexual. La Constitución los garantiza cuando señala que toda persona tiene derecho “a la igualdad ante la ley”. Y que “nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole”. Es importante también advertir que nuestra normatividad ya incluye la intolerancia y la discriminación a manera de agravantes de delitos como el homicidio, lesiones o agresiones, protegiendo con ello a todo ser humano. 

En tal sentido, la modificatoria realizada en la comisión en absoluto desprotege o merma la protección que se otorga a todas las personas. Muy por el contrario, se ha cautelado que cualquier modificación o precisión debe responder a una delegación específica o al debate de un proyecto de ley, conforme lo establece nuestra Constitución.

La mentira no solo es negar la verdad, decir medias verdades también lo es. No confundamos a la población.